En sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón expuso un paquete de medidas dirigidas a reducir la mora judicial y erradicar vicios procesales en los tribunales del país. La primera disposición aprobada instruye al Centro de Investigaciones Judiciales y a la Oficina Técnica Penal a coordinar conversatorios con magistrados para consensuar operativamente la eliminación de formalidades innecesarias y dar estricto cumplimiento al principio de oralidad.
De forma complementaria, el pleno resolvió reiterar al Congreso Nacional el interés institucional en la pronta sanción del proyecto de ley reformulado —conocido mediáticamente como ley «antichicana»—. La iniciativa plantea que las recusaciones, inhibiciones, acciones y excepciones de inconstitucionalidad suspendan formalmente los plazos de prescripción y de duración máxima del proceso penal, desincentivando el uso abusivo de estos recursos para lograr la impunidad por la vía del transcurso del tiempo.
Durante la misma jornada, Martínez Simón planteó la necesidad de fijar un criterio institucional uniforme para regular la jura de abogados que cuenten con antecedentes penales. El magistrado remarcó que se debe analizar la casuística respetando la presunción de inocencia y el principio de reinserción social de quienes estudiaron privados de libertad, al tiempo de diferenciar delitos menores (como infracciones de tránsito) de hechos punibles graves como el narcotráfico, terrorismo o falsificación de documentos.
Para unificar posturas históricamente divergentes dentro del órgano judicial, Martínez Simón impulsará junto con el ministro Víctor Ríos la elaboración de una resolución reglamentaria que sirva de marco normativo objetivo para las futuras matricularizaciones.
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