Una mujer identificada como Anneliese Wisner Brizuela fue detenida en Asunción en el marco de una investigación por una presunta estafa que habría afectado a 31 integrantes de una familia de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. El grupo había contratado un paquete turístico para viajar al exterior y asegura haber perdido alrededor de USD 60.000 (Gs. 355.624.620).
De acuerdo con la denuncia, entre adultos y niños, los integrantes de la familia habían adquirido pasajes aéreos, alojamiento y otros servicios incluidos en el paquete. Los afectados mantenían desde hacía varios años una relación comercial con Wisner Brizuela, quien se desempeñaba como agente de viajes y anteriormente les había gestionado otros viajes a través de la empresa Smart Travel.
El viaje estaba previsto inicialmente para el 16 de mayo, pero fue postergado por cuestiones familiares. Para modificar la fecha, cada pasajero habría abonado otros USD 260 (Gs. 1.541.040). Finalmente, la salida fue fijada para el 25 de julio y luego trasladada al 28, debido, según les habría informado la agente, a inconvenientes con las conexiones y escalas aéreas.
La situación tomó otro rumbo pocas horas antes de la nueva fecha de partida. Wisner Brizuela comunicó a los pasajeros que el viaje tampoco podía concretarse debido a que el hotel no contaba con una reserva confirmada.
La familia, que ya se encontraba preparada para iniciar sus vacaciones, no pudo viajar. Ante los reclamos, la mujer supuestamente se comprometió a devolver el dinero, pero los denunciantes afirman que no recibieron el reintegro ni una respuesta satisfactoria. Por ese motivo, recurrieron a la Policía Nacional.
En medio del conflicto, el pasado 12 de agosto, Smart Travel comunicó públicamente que Wisner Brizuela ya no formaba parte de la empresa. Sin embargo, los afectados sostienen que hasta ahora no lograron recuperar el dinero entregado por el paquete turístico.
Tras ser localizada y detenida en Asunción, la mujer fue trasladada hasta la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray, donde quedó recluida y a disposición del Ministerio Público.
La investigación fiscal buscará determinar qué ocurrió con los fondos entregados por la familia, cómo fueron utilizados y si existen otras personas involucradas. Mientras el caso avanza, los denunciantes reclaman la devolución de los aproximadamente USD 60.000 que aseguran haber desembolsado.
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