La sangrienta escalada militar representa el choque de mayor envergadura registrado en territorio yemení durante los últimos cuatro años. Fuentes castrenses y médicas confirmaron la muerte de al menos 66 efectivos de las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente —respaldado por la coalición árabe liderada por Arabia Saudita— y de unos 62 combatientes pertenecientes al bando insurgente, además de registrarse el deceso de un civil en medio de los cruzamientos de fuego.
El estallido de las hostilidades se produjo tras la ruptura de la tregua alcanzada en 2022, proceso que colapsó definitivamente en julio debido al agravamiento de la crisis geopolítica regional desatada por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Aprovechando el escenario de inestabilidad, los milicianos hutíes —aliados estratégicos de Teherán— iniciaron un despliegue terrestre masivo apoyado por el lanzamiento de más de una docena de misiles balísticos y enjambres de drones contra posiciones militares y poblaciones situadas en el eje montañoso y costero del país.
Expertos militares señalaron que las maniobras terrestres de los rebeldes buscan cortar las líneas de suministro entre la ciudad interior de Taiz y el estratégico puerto de Mokha, una posición dominante sobre las alturas del monte Dabbas. El control de estos puntos permitiría al grupo armado proyectar su fuerza operativa hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, infraestructura natural que adquirió carácter crítico para Riad luego de que las fuerzas navales de Irán bloquearan meses atrás el tránsito regular por el estrecho de Ormuz.
A la amenaza sobre el transporte de hidrocarburos se suma el potencial impacto humanitario de la reanudación del conflicto a gran escala. La franja que conecta Taiz con la ciudad portuaria de Hodeida —esta última bajo dominio insurgente— constituye la vía de ingreso para cerca del 80% de los alimentos, insumos médicos y asistencia internacional destinada a una población devastada por más de una década de guerra civil e inseguridad alimentaria severa.
Unidades de las Fuerzas de Resistencia Nacional se mantienen desplegadas a lo largo del litoral occidental para contener los avances del bando rebelde y evitar el estrangulamiento de la navegación sobre el mar Rojo. No obstante, la ausencia de acuerdos políticos firmes y el estancamiento de las gestiones diplomáticas mantienen a la comunidad internacional en estado de alerta ante la posibilidad de un bloqueo total en una de las rutas comerciales más transitadas del planeta.
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