La transferencia de un inmueble a favor de la actual ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Salma Agüero, forma parte de los movimientos patrimoniales examinados por el Ministerio Público en la investigación que derivó en la imputación del expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, por presunto enriquecimiento ilícito.
La fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó en entrevista con Radio 1000 que la Fiscalía cuenta con la escritura pública y los antecedentes de la operación. Sin embargo, el cuestionamiento se centra en la capacidad económica que habría tenido Jara cuando adquirió el inmueble, por el que habría pagado más de G. 300 millones en efectivo.
“Para la época en que él compró ese inmueble, él no habría tenido esa capacidad económica como para pagar más de 300 millones de guaraníes en efectivo por ese inmueble”, señaló la agente fiscal.
Adle aclaró que la propiedad fue efectivamente transferida a Agüero mediante una compraventa. La operación es uno de los elementos incorporados al análisis patrimonial del ex titular de Petropar, aunque la investigación deberá determinar si los recursos utilizados para la adquisición tenían un origen lícito.
La causa también derivó en la imputación de la exesposa de Jara, Karina Otazú, por supuesto lavado de activos, debido a operaciones financieras que, según la Fiscalía, no guardarían relación con los ingresos declarados por ambos.
Movimientos por G. 5.399 millones
De acuerdo con la fiscal Adle, el análisis se inició a partir de un informe de la Contraloría General de la República y del descargo presentado por Jara ante ese organismo. Los investigadores contrastaron sus ingresos legales, tanto durante su paso por el sector privado como al frente de Petropar, con sus declaraciones impositivas y movimientos financieros.
La Fiscalía identificó un monto aproximado de G. 5.399 millones que no pudo ser justificado con los ingresos lícitos conocidos. Las operaciones examinadas corresponden al periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026.
Entre los movimientos observados figuran pagos de tarjetas de crédito, cuotas de préstamos y cuotas de vehículos realizados en efectivo. Según Adle, en 29 de los 32 meses analizados, el flujo mensual de dinero superó los ingresos lícitos atribuidos a Jara.
La investigación también detectó operaciones vinculadas a una cuenta bancaria conjunta de la pareja. En esa entidad, ambos habían obtenido un préstamo de G. 890 millones, que fue cancelado en 12 cuotas pagadas en efectivo, por montos que superaban ampliamente sus ingresos mensuales.
Según la fiscal, con parte de ese dinero supuestamente se adquirió ganado que no pudo ser localizado. Los investigadores tampoco encontraron guías de traslado ni registros de marcas o señales que permitieran identificar a los animales.
Otro punto bajo investigación es un préstamo de G. 600 millones que Jara supuestamente otorgó en efectivo a un médico en 2024. Sin embargo, los pagarés de la operación estaban a nombre de su exesposa, Karina Otazú.
El expediente reúne más de 30 tomos de documentación que fueron analizados por el equipo fiscal. Con la imputación, el Ministerio Público dispone de seis meses para profundizar las diligencias y determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación.
La Fiscalía prevé convocar a Jara y a su exesposa para que presten declaración indagatoria, si así lo desean. Las medidas cautelares solicitadas sobre vehículos y cuentas también deberán ser resueltas por el juez competente.
La investigación continúa en etapa de recolección de evidencias. La imputación constituye una atribución provisoria de hechos punibles y no implica una declaración de culpabilidad.
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