El requerimiento formulado por la representación fiscal concluyó que la entonces representante del Ministerio Público ordenó la captura del estilista italiano Ciro Panniello en apenas seis días tras la recepción de una denuncia por supuesta estafa. La orden de privación de libertad se sustentó bajo el argumento de una presunta «falta de arraigo», omitiendo que el afectado contaba con documento de identidad paraguayo y un establecimiento comercial fijo, advirtiendo el Ministerio que «del mismo escrito de denuncia y las documentaciones adjuntadas no se contaba con elementos de sospecha suficientes para afirmar que se encontraba ante la comisión de algún hecho punible».
Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia policial, el estilista fue forzado a firmar la cesión de la totalidad del mobiliario y los equipos de su salón de belleza —activos valuados en más de G. 778 millones— así como de un vehículo a favor de la denunciante Lilian Escobar. Apenas hora y media después de concretada la transferencia de los bienes bajo presión, la exagente dispuso la inmediata liberación del procesado sin siquiera haberle tomado la declaración indagatoria correspondiente ni haber notificado el procedimiento a la Embajada de Italia.
Posteriormente, el afectado se retractó del acuerdo alcanzado bajo coacción e interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes. Tras la revisión de la causa penal abierta, el fuero penal solicitó la desestimación del caso, medida que quedó firme en febrero de 2021 cuando el juzgado determinó que nunca existió elemento alguno que acreditara la comisión de un delito. Con la acusación presentada por el estamento de Derechos Humanos, la exrepresentante de la Fiscalía se expone a una eventual condena de hasta 10 años de prisión.
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