La abogada Diana Vargas, asesora de la comisión especial del Senado que investiga la denominada mafia de los pagarés, anunció la presentación de una denuncia penal masiva en representación de numerosas víctimas y adelantó que se preparan más de 20 denuncias colectivas que serán presentadas en las próximas semanas.
Vargas explicó que una de las investigaciones se centra en el caso de enfermeras, en su mayoría actualmente jubiladas, del Hospital de Clínicas. Según la investigación de la comisión, las víctimas accedían a pequeños créditos a través de la mutual Amuclin, que habría actuado como intermediaria, pero eran obligadas a firmar dos pagarés por una misma operación.
La abogada señaló que los créditos eran descontados directamente de los salarios, mientras que los pagarés quedaban en poder de Amuclin y de la entidad financiera que otorgaba los préstamos. Tras el cese de actividades de la mutual, alrededor de 2017, esos documentos habrían comenzado a ser utilizados para promover ejecuciones judiciales.
Vargas sostuvo que la investigación detectó una presunta triangulación que involucraría a una abogada vinculada a Amuclin, un oficial de justicia identificado como Fabio Molina y su esposa, una docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Estos hechos forman parte de la denuncia, que también contempla una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, a partir de un aparente incremento patrimonial que, según la asesora, deberá ser explicado por la funcionaria involucrada.
La asesora destacó además que la Corte Suprema de Justicia remitió recientemente a la comisión los resultados de auditorías realizadas sobre expedientes vinculados al caso. Según explicó, los informes detectaron presuntas irregularidades y motivaron la intervención de la Superintendencia, además de investigaciones en trámite en prácticamente todos los expedientes relacionados con Amuclin, Julia Ramona Acosta y Fabio Molina.
Entre los funcionarios y profesionales cuya actuación deberá ser investigada figuran el magistrado Martínez Diego Acosta Conde, la ujier notificadora Ángela Báez Ojeda y la abogada Lourdes Sofía Aranda Benítez, quien también afronta una audiencia preliminar en otra causa relacionada con la investigación.
Respecto al perjuicio económico, Vargas evitó dar una cifra debido a que los montos podrían ser mucho mayores de lo inicialmente estimado. Explicó que los créditos originales oscilaban generalmente entre G. 3 millones y G. 7 millones y que, pese a que ya habían sido cobrados mediante descuentos salariales, los pagarés eran posteriormente ejecutados judicialmente.
Según la abogada, durante los procesos ejecutivos se sumaban intereses, gastos y honorarios, lo que podía duplicar el monto original de la deuda. También cuestionó las liquidaciones presentadas en los juicios y las notificaciones presuntamente irregulares que, según indicó, habrían impedido a las víctimas ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
Vargas afirmó que la comisión continuará reuniendo información antes de presentar las siguientes denuncias. “Queremos presentarlo de la forma más rigurosa y responsable posible”, sostuvo, y agregó que el objetivo es aportar al Ministerio Público elementos e indicios suficientes para avanzar en las investigaciones.
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