El adolescente que fue hallado responsable del asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025, fue condenado a ocho años de medida privativa de libertad, la máxima sanción prevista para el caso y solicitada por el Ministerio Público. La resolución se dio a conocer tras la culminación del juicio oral reservado, que se extendió durante 11 jornadas.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Raúl Marecos e integrado por Derlis Benítez y Vidal Santacruz. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Noelia Montanía y Fermín Segovia, quienes sostuvieron durante el proceso la responsabilidad del adolescente en el crimen.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 32 testigos, mientras que la defensa presentó uno. Tras los alegatos finales, el tribunal determinó la responsabilidad del joven y resolvió imponerle la máxima medida permitida por la legislación penal adolescente.
En una entrevista con Radio 1000, el fiscal Fermín Segovia explicó que la sanción responde al principio de legalidad, que establece que las conductas atribuidas a una persona deben estar regidas por leyes anteriores a los hechos.
“Los ocho años es lo máximo que se podía solicitar desde el punto de vista legal. Evidentemente, el fiscal no puede solicitar más allá de lo que establece la ley y, como consecuencia, un tribunal tampoco podría imponer una sanción más allá de lo que le permite la ley”, afirmó.
El representante del Ministerio Público señaló que el adolescente, identificado como Bernardo, permanece privado de libertad desde el 31 de mayo de 2025, cuando fue hallado el cuerpo de María Fernanda. En ese momento tenía 17 años.
Segovia explicó que, por disposición del Tribunal de Sentencia, el joven continuará en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica hasta que la sentencia quede firme. Una vez cumplida esa condición, deberá ser trasladado a la penitenciaría para adultos de Coronel Oviedo, conforme al régimen previsto para el cumplimiento de la medida.
Condenas a los adultos involucrados
Antes de la culminación del proceso contra el adolescente, la Justicia ya había dictado condenas contra los adultos involucrados en el caso, tras un juicio oral que se extendió durante 39 jornadas.
Los padres del principal sospechoso fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión cada uno. El padre cumple su condena en el Penal Regional de Coronel Oviedo, mientras que la madre se encuentra bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
Franco Antonio Acosta Céspedes recibió una condena de cinco años de prisión y cumple la pena bajo prisión domiciliaria, con autorización para realizar actividades laborales durante el día.
El suegro del principal sospechoso fue condenado a tres años de prisión y también cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Por su parte, Mikhaela Rolón Melgarejo fue condenada a 10 años de prisión, una de las penas más altas impuestas a los adultos involucrados en el proceso.
Las condenas de los adultos y la medida impuesta al adolescente se dieron bajo regímenes jurídicos diferentes, debido a que el principal sospechoso era menor de edad al momento de los hechos.
Fuente: ABC Color
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