La resolución de la magistrada judicial confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, de 42 años, en el marco de la imputación presentada por el Ministerio Público. El procesado se desempeñaba como referente de la organización religiosa Centros de Formación y Liderazgo (CENFOL) y, de acuerdo con la investigación, ejercía una falsa investidura como profesional de la salud mental sin contar con la habilitación correspondiente, condición que utilizaba para ganar la confianza de jóvenes de la comunidad.
Según el escrito del Ministerio Público, las agresiones se habrían producido de forma sistemática y reiterada desde el año 2023. El imputado aprovechaba su posición de liderazgo espiritual y médico para realizar supuestas inspecciones corporales a las víctimas, contextos en los cuales realizaba tocamientos íntimos no consentidos, demandaba besos y exigía el envío de fotografías explícitas. Entre las denuncias reunidas por la representación fiscal constan relatos de jóvenes de entre 19 y 23 años que sufrieron agresiones mientras se encontraban bajo medicación relajante o buscando atención por dolencias físicas.
Durante la audiencia cautelar, la representación técnica del imputado solicitó la imposición de medidas alternas a la prisión, ofreciendo un inmueble en la capital para el arresto domiciliario, la entrega del pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica. Sin embargo, la jueza penal de garantías rechazó las propuestas de la defensa al sostener que la gravedad de los hechos imputados y la alta expectativa de pena imponen la necesidad de asegurar la presencia del procesado durante la etapa preparatoria.
En la fundamentación del Auto Interlocutorio, la magistrada advirtió sobre la existencia de un elevado peligro de obstrucción en las pesquisas debido a la ascendencia psicológica y espiritual que el acusado ejercía sobre los denunciantes y los testigos que deben declarar en la causa. Asimismo, la condición de extranjero y la falta de arraigo documentado del procesado reforzaron la necesidad de disponer su reclusión en un centro penitenciario para prevenidos para garantizar la continuidad del juzgamiento.
Finalmente, el Juzgado dispuso la emisión de oficios a la sede de la Interpol y la notificación oficial a la representación consular de la República de Colombia sobre la situación procesal de su connacional. Con esta decisión, el Ministerio Público prosigue con la recolección de elementos de convicción y peritajes para presentar el requerimiento conclusivo correspondiente dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
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