Durante su intervención ante el juzgado y los medios de comunicación, Francisco De Vargas desmarcó categóricamente la situación de Cristian Amarilla respecto a la de otros imputados en la misma causa, entre los que figura Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido legislador. El profesional del derecho aseguró que no hallarán cruces de llamadas ni mensajes de texto por ninguna vía entre el malogrado parlamentario y el funcionario, precisando además que las extracciones de datos contenidas en los peritajes corresponden a fechas anteriores a 2023, año en que Amarilla asumió el liderazgo del área de Inteligencia.
Asimismo, la defensa argumentó que el procedimiento iniciado por el Ministerio Público responde a una maniobra derivada del encono entre sectores institucionales. Según De Vargas, Amarilla encabezó una depuración interna dentro del organigrama de la Senad para retirar a funcionarios salpicados por irregularidades, lo que habría desencadenado un «revanchismo» en su contra. «Por más que luego sea sobreseído, Amarilla va a tener su carrera destruida con esto», alertó el representante legal al cuestionar la severidad del acta de imputación.
Respecto al desarrollo de la audiencia de imposición de medidas, el abogado confirmó que la defensa se opuso al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscala Matilde Moreno. Para demostrar el arraigo del imputado y garantizar su sometimiento al proceso penal, se ofreció un inmueble como caución real, recordando que Amarilla fue el único procesado que se presentó voluntariamente ante la sede fiscal a prestar declaración indagatoria incluso antes de que se librara la orden de detención formal en su contra.
Uno de los puntos de mayor preocupación expuestos por la representación técnica radicó en las garantías para la integridad física del jefe policial. De Vargas enfatizó que enviar a su cliente a un centro penitenciario común pondría en peligro inmediato su vida, dado que, por la naturaleza de sus funciones operativas, estuvo al frente de múltiples operativos antidrogas que derivaron en la captura y condena de cientos de integrantes de esquemas delictivos que hoy cumplen condenas en los penales del país.
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