La Contraloría General de la República puso oficialmente en marcha una auditoría de cumplimiento dirigida a la Superintendencia de Bancos, órgano dependiente del Banco Central del Paraguay encargado de la regulación del sistema financiero nacional. La intervención fiscalizadora se enfoca en verificar el desempeño de la entidad durante el ejercicio fiscal 2026, buscando constatar si la institución dio estricto cumplimiento a sus normativas, reglamentos internos y planes de control legalmente establecidos.
Los detalles del procedimiento fueron confirmados por la directora de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, durante una entrevista concedida al programa Piso 19 de Radio 1000 AM. La alta funcionaria precisó que la medida se enmarca en el Plan General de Auditoría del organismo constitucional y que la notificación formal fue comunicada al BCP el pasado 21 de septiembre por el propio contralor general. Fernández remarcó que el proceso forma parte de la rutina de fiscalización periódica, recordando que el año anterior ya se había auditado la gestión general del banco matriz.
Desde la institución de control aclararon el alcance técnico del trabajo de campo, señalando que las labores no consistirán en inspecciones directas a bancos privados, financieras o cooperativas del mercado. El foco del equipo auditor estará puesto de forma exclusiva en la estructura de la Superintendencia de Bancos para evaluar cómo ejerció sus facultades de supervisión sobre las entidades bajo su tutela y si cumplió con los estándares del Plan de Auditoría fijado en su norma funcional.
Con relación a las herramientas legales para acceder a la documentación oficial, desde la Contraloría adelantaron de forma contundente que a la entidad fiscalizadora no se le puede invocar la figura del secreto bancario para restringir la provisión de informes requeridos. Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que las autoridades del Banco Central designen a su nexo oficial para que los auditores asignados puedan constituirse físicamente en la sede de la Superintendencia.
El cronograma de trabajo contempla un plazo estimado de 120 días para el desarrollo del examen, sujeto al ritmo de entrega de los documentos solicitados al ente auditado. Una vez concluidas las evaluaciones técnicas y las pruebas de desempeño, los dictámenes e informes finales elaborados por la CGR serán remitidos simultáneamente a las autoridades del BCP, al Poder Ejecutivo y a ambas cámaras del Congreso Nacional para las acciones legislativas y administrativas correspondientes.
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