Durante su intervención, la diputada Johanna Ortega arremetió contra la bancada oficialista, acusándola de ser «cómplice» del ascenso de Rivas. Señaló que el parlamentario llegó a juzgar a magistrados desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sin contar con la debida formación académica.
Ortega remarcó que el problema no radica en no poseer un título universitario, sino en recurrir a la falsificación y a la «complicidad corporativa» para acceder a cargos con poder de decisión sobre la vida de los ciudadanos.
Asimismo, denunció que la práctica de presentar candidatos con títulos dudosose extiende a varios distritos y candidaturas locales.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo sostuvo que la revocación de la matricula de Rivas representaría una «reivindicación justa» para los profesionales del derecho que se formaron legítimamente
«Ojalá la Corte pueda dignificar de vuelta un poquitito nuestra profesión, cancelándole para siempre su matrícula a este delincuente», apuntó Vallejo.
Avisó además que este caso es solo la punta del iceberg de una red más amplia dentro del aparato estatal.
Vallejo propuso impulsar un proyecto de ley que obligue a todas las instituciones del Estado a realziar un control e inspección integral de los títulos universitarios de los funcionarios públicos que perciben bonificaciones por profesionalización.
Argumentó que el cobro de dicho plus mediante documentos apócrifos constituye una estafa al erario y que los implicados deben ser procesados penalmente y obligados a reembolsar hasta el último guaraní percibido indebidamente.
Discussion about this post