El Juzgado Penal de Garantías N.º 11 de la Capital, a cargo del juez Yoan Paul López, dispuso la convocatoria a audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola. La cita judicial quedó programada para el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 09:00, dentro del expediente conocido mediáticamente como la causa «comisarías» o «comisarías de oro».
La fijación de la fecha se concretó inmediatamente después de que el expediente retornara a la sede del juzgado tras la emisión del Auto Interlocutorio N.º 325 por parte del Tribunal de Apelación en lo Penal. La alzada —integrada por los jueces Paublino Escobar, Jesús Riera Manzoni y Adriana Giagni— revocó la resolución previa de López que declaraba la prescripción del caso y decretaba el sobreseimiento de Filizzola, advirtiendo que la causa vence recién en diciembre de este año e instando a realizar el acto procesal con celeridad.
Durante la audiencia de este 14 de octubre, el magistrado evaluará por tercera ocasión los requerimientos del Ministerio Público para determinar si la causa reúne las condiciones para avanzar a la etapa de juicio oral y público. En esta instancia, la fiscala Silvia Margarita González Vester deberá defender la acusación contra el exsecretario de Estado, mientras que la defensa técnica estará representada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
La investigación penal se remonta al año 2013 y tiene como eje la gestión de Filizzola al frente de la cartera del Interior durante la presidencia de Fernando Lugo. Según la tesis de la Fiscalía, la administración autorizó desembolsos en diciembre de 2010 a favor de la empresa Todo Verde Emprendimientos para la remodelación y edificación de 23 comisarías en el área metropolitana. El Ministerio Público sostiene que las obras nunca concluyeron o no fueron iniciadas, generando un perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.131.812.500.
Tras 13 años de tramitación marcados por múltiples chicanas, inhibiciones de jueces, recusaciones y fallos de prescripción anulados en alzada, la Justicia busca encarar la definición de la etapa intermedia antes de que se cumpla el plazo límite de prescripción del proceso penal fijado para finales de 2026.
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