La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) dio a conocer un comunicado de posicionamiento institucional a través del cual analiza las implicancias del cese de operaciones de la entidad ueno bank S.A., instando a las autoridades nacionales a priorizar la seguridad jurídica, la responsabilidad financiera y la independencia del ente regulador.
El gremio empresarial recordó que el pasado 12 de octubre ya había advertido sobre la urgencia de blindar la independencia de los órganos de control, ratificando en esta oportunidad que la consolidación del grado de inversión y el posicionamiento del país como destino confiable dependen de la probidad institucional y de una fiscalización preventiva eficaz.
En su pronunciamiento, la organización remarcó la necesidad de garantizar la continuidad de la cadena de pagos y el acceso al crédito del sector productivo, señalando que la fe pública y la estabilidad del sistema bancario constituyen activos fundamentales para la competitividad económica nacional.
Con base en el Artículo 285 de la Constitución Nacional, la AmCham enfatizó que el Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos deben operar con plena autonomía técnica, funcional y administrativa, demandando que las resoluciones adoptadas en esta coyuntura se basen de manera exclusiva en métricas prudenciales y se mantengan al margen de pujas políticas.
En cuanto a la atención de los clientes afectados, el gremio sostuvo que los mecanismos de resolución y la ejecución del Fondo de Garantía de Depósitos deben actuar con la máxima celeridad y rigor normativo, protegiendo integralmente los fondos de los depositantes y previniendo eventuales incertidumbres operativas en el mercado local.
Asimismo, el documento abordó las derivaciones del caso en el plano internacional, haciendo hincapié en que la credibilidad de Paraguay ante los mercados globales —incluidas las operaciones financieras regidas bajo la jurisdicción del Estado de Nueva York— exige respetar la certeza contractual para evitar el encarecimiento del financiamiento para las empresas locales.
La entidad empresarial ratificó su compromiso de participar activamente en el diálogo público-privado, instando al Poder Ejecutivo y a las autoridades judiciales a llevar adelante las revisiones y auditorías técnicas con transparencia, respeto al debido proceso y absoluto apego al marco legal vigente.
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