El contralor general de la República Camilo Benítez, denunció que el Banco Central del Paraguay (BCP) obstaculiza una auditoría de la Superintendencia de Bancos y reveló que, de unos 55 requerimientos de información presentados, apenas recibió respuesta a ocho. Advirtió que la negativa es de extrema gravedad y anticipó que, si no obtiene la documentación, podría emitir un dictamen con abstención de opinión y comunicar la situación al Poder Ejecutivo y al Congreso.
«Le presentamos un requerimiento y con una intimación para tratar de que nos den esa información y en el caso de que no lo hagan, nos veremos obligados a sacar un dictamen con abstención de opinión e informar a las autoridades nacionales de esta tremenda situación que constituye que el Banco Central del Paraguay se niega a abrir las puertas al órgano constitucional de control de la República del Paraguay», confirmó Benítez.
Benítez explicó que la Contraloría inició el pasado 21 de setiembre una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia de Bancos, a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo del sistema financiero, particularmente en torno a ueno bank.
«Nosotros hicimos muchos requerimientos, unos 55 más o menos. Ellos nos contestaron ocho, pero solamente los de menor relevancia, cuestiones de control interno y cosas por el estilo. El resto quedó pendiente», sostuvo Benítez.
El contralor cuestionó la postura de las autoridades del BCP y recordó que la Constitución Nacional no solo habilita a la institución a fiscalizar al Banco Central, sino que también establece esa responsabilidad como una obligación del titular del organismo de control.
«Esto es absolutamente inconstitucional. La Constitución Nacional no solamente le faculta al contralor, sino que también lo compromete, porque hay una responsabilidad personal cuando instituciones como esta se manejan de manera negligente», afirmó Benítez.
En ese sentido, remarcó que tanto la Ley Orgánica de la Contraloría como la nueva Ley de Bancos, vigente desde 2023, respaldan el acceso a la documentación requerida.
«Inclusive, la ley de bancos expresamente dispone que el secreto bancario no será oponible a la Contraloría General de la República», enfatizó.
Ante la posibilidad de que las autoridades mantengan su negativa, señaló que existen dos caminos en análisis junto con el equipo técnico.
«Podríamos emitir un dictamen de abstención de opinión y comunicar a las autoridades, al presidente de la República y a las autoridades del Congreso Nacional, para que tomen las medidas correspondientes«, explicó.
La otra alternativa es recurrir a la Fiscalía para solicitar una intervención que permita acceder a la documentación. Sobre ese punto, Benítez no confirmó una decisión inmediata, pero aseguró que estaban evaluando las medidas a adoptar.
«Estas personas son funcionarios públicos, los que tenían la responsabilidad de controlar estos manejos que hoy están saliendo a la luz. Reciben plata del Estado, por ende corresponde que se evalúe su desempeño», argumentó.
Discussion about this post