El abogado ambientalista Ezequiel Santagada, en entrevista con Radio 1000, afirmó que las actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos son incompatibles con la finalidad de conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco.
Las declaraciones se dieron luego de la audiencia pública realizada en el Congreso Nacional, donde se debatió el proyecto relacionado con la eventual explotación de gas en el área protegida.
Santagada recordó que la Constitución Nacional de Paraguay garantiza el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado dentro del mismo capítulo que regula el derecho a la vida.
“Del artículo 4 al 8 están agrupados los capítulos ‘De la Vida y el Medioambiente’”, explicó.
Asimismo, señaló que el artículo 109 de la Constitución, referente al derecho de propiedad, debe coexistir con la protección ambiental.
“Propiedad privada y ambiente son derechos que no se anulan mutuamente, deben coexistir”, sostuvo.
El especialista indicó que el Parque Médanos del Chaco fue creado a principios de siglo con una extensión original de 514.000 hectáreas y explicó que la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas establece distintos niveles de manejo y conservación.
Detalló que la categoría más estricta corresponde a “monumento natural”, donde únicamente se permiten investigaciones científicas, mientras que en los parques nacionales al menos el 90% del área debe destinarse a conservación estricta y un porcentaje reducido a recreación y turismo.
Santagada recordó además que entre 2021 y 2022 el parque fue ampliado en aproximadamente 90.000 hectáreas, afectando una concesión vinculada a la explotación de gas perteneciente a la empresa Primo Cano Martínez.
“Nunca entendí por qué se extendió para afectar una concesión de explotación de gas que, con luces y sombras, estaba funcionando”, manifestó.
Añadió que la concesión fue posteriormente anulada mediante una resolución de la Corte Suprema de Justicia y advirtió que actualmente existe un litigio que eventualmente podría derivar en costos para el Estado paraguayo debido a una supuesta afectación del derecho de propiedad.
En relación con el debate legislativo, el abogado enfatizó que el Congreso deberá definir por ley si la prioridad será mantener la conservación del parque o habilitar actividades hidrocarburíferas.
“Llevar a cabo las dos actividades es totalmente incompatible con la conservación”, concluyó.
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