Un Juzgado Penal de Garantías resolvió otorgar el sobreseimiento provisional a la exjueza Isabel Beatriz Bracho Pedrozo y a la funcionaria Ruth Karina Ferreira Brítez. Ambas se encuentran imputadas por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios, en el marco de una presunta red institucional que habría operado para favorecer al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez.
Con esta resolución, el magistrado ordenó además el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre ambas procesadas desde finales de noviembre y principios de diciembre de 2025.
La decisión judicial se basó en un requerimiento del propio Ministerio Público, cuyos fiscales admitieron que los elementos de convicción recolectados hasta la fecha resultan insuficientes para sostener una acusación formal o elevar la causa a un juicio oral y público. Al tratarse de una suspensión temporal y no de un cierre definitivo, la legislación procesal penal otorga un plazo fijado a la Fiscalía para recolectar las evidencias faltantes. Si los investigadores no presentan los requerimientos en el tiempo establecido, el juzgado declarará la extinción de la acción penal de oficio.
Para avanzar en el esclarecimiento del caso, el juzgado aprobó una serie de diligencias urgentes presentadas por la Fiscalía. Entre las tareas pendientes se destaca la realización de una pericia técnica de acústica e imagen para transcribir las conversaciones de 25 audios grabados mediante autorización judicial.
Asimismo, se libraron oficios a la División de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional para remitir la totalidad de las grabaciones vinculadas a la exjueza Bracho, y se solicitaron informes bancarios y reportes de operaciones sospechosas a la Seprelad, la Superintendencia de Bancos, el Banco Itaú y la Incoop sobre las imputadas y la médica forense Ana Stael Alfonso. En el plano testimonial, se citará a declarar a auditores y directores de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.
Por el lado de las defensas, el juzgado rechazó la petición de los representantes de Isabel Bracho de tomar declaraciones testificales a Walter José Galindo y a otros involucrados, debido a que estos ya afrontan sus propios procesos judiciales. No obstante, se dio luz verde al pedido de la defensa de Ruth Ferreira para solicitar un informe al Departamento de Informática del Poder Judicial con el fin de determinar la cantidad de computadoras operativas en el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 durante el año 2021.
El trasfondo de la Operación Mercat
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la causa penal se desprende de las derivaciones de la Operación Mercat, donde Walter José Galindo fue detenido en mayo de 2021 y posteriormente condenado a 19 años de cárcel como líder de una red de distribución de cocaína. Las pesquisas fiscales apuntan a que un esquema integrado por juezas, fiscales y funcionarias judiciales habría percibido un beneficio económico de aproximadamente 50.000 dólares para otorgar medidas favorables al procesado.
Dentro de esta misma trama criminal se encuentra bajo proceso la exagente fiscal Egidia Victoria Gómez Denis (quien se acogió a la jubilación en septiembre de 2023). Según la acusación del Ministerio Público, Gómez Denis habría sustituido tres paquetes de cocaína incautados a Galindo (que sumaban 1.486 gramos) por un paquete de bicarbonato de sodio de 1.476 gramos, además de haber devuelto una camioneta utilizada para el delivery de drogas sin exigir la documentación correspondiente y tramitar un beneficio procesal a favor del jefe narco.
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