El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, defendió los argumentos de su voto en minoría a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González. El magistrado reafirmó de manera categórica que el procedimiento de destitución ejecutado por la Cámara de Senadores violó abiertamente garantías fundamentales consagradas en la Carta Magna, independientemente del caudal de votos que reunió el sector oficialista para decretar la pérdida de investidura.
Ramírez Candia, cuyo voto en disidencia fue acompañado únicamente por sus colegas Víctor Ríos y Gustavo Santander, recordó que las notificaciones en el marco de un proceso sancionatorio deben ser de carácter estrictamente personal y acompañadas de las copias de la acusación. «Todo el mundo sabe que no es así, que ese no es el procedimiento», respondió al ser consultado sobre la validez de notificar un juicio mediante publicaciones periodísticas. Invocando de manera directa el artículo 17 de la Constitución Nacional, el alto juez enfatizó que el Estado se autolimita al establecer reglas claras y plazos específicos para permitir que un ciudadano prepare su defensa técnica, elementos que fueron omitidos por la Cámara Alta.
Frente a la celeridad del caso, el integrante de la máxima instancia judicial cuestionó la falta de sujeción al propio ordenamiento interno del Congreso. «Pues, ¿para qué vamos a establecer un ordenamiento jurídico?», argumentó al señalar que las normativas parlamentarias fijaban días específicos para el trámite y debieron ser respetadas rigurosamente. Por otra parte, Ramírez Candia confirmó de manera taxativa que el Poder Judicial ordenará una investigación oficial sobre la filtración anticipada del fallo de la Corte, luego de que trascendiera públicamente que la votación final quedaría sellada con un resultado de 6-3 en contra de la exparlamentaria opositora.
Inmunidad ante presiones políticas
El magistrado fue abordado sobre los constantes rumores de injerencia política y el envío de directrices por parte de cúpulas partidarias a los despachos de la Corte Suprema durante la tramitación de la garantía constitucional. Ante la consulta, Ramírez Candia descartó haber sido blanco de condicionamientos debido a sus estrictos hábitos de comunicación personal en el ejercicio de la magistratura.
«Generalmente yo no recibo presiones porque no atiendo luego mi teléfono, no uso teléfono. Limito muchísimo las audiencias», reveló de manera distendida el ministro, apelando al testimonio de los funcionarios de su secretaría jurídica para ratificar su aislamiento de los canales habituales de operación política.
Porúltimo, evitó emitir juicios de valor sobre el impacto que tendrá este fallo mayoritario en la imagen institucional de la justicia y eludió pronosticar una eventual condena de la República del Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que un juez debe limitarse exclusivamente a resolver las causas que se someten a su consideración legal, dejando las valoraciones en manos de la ciudadanía y la prensa.
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