La agente fiscal Teresa Sosa Laconich, titular de la Unidad Penal N.° 20, reveló que avanza una investigación sobre una presunta red de expedición y utilización de títulos falsos de docentes, un esquema que podría involucrar a unas 1.500 certificaciones irregulares en el área de Ciencias de la Educación.
En entrevista con Radio 1000, la representante del Ministerio Público recordó que la investigación se inició hace dos años, luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre títulos presuntamente falsificados que habían sido registrados para la obtención de matrículas docentes.
“Hace dos años el MEC realizó una denuncia sobre títulos falsos que habían sido registrados por docentes y, a partir de eso, se inició un trabajo de investigación y auditoría”, explicó la fiscal.
Sosa señaló que recientemente el ministro de Educación, Luis Ramírez, presentó una nueva denuncia que involucra alrededor de 200 títulos presuntamente falsos y otros 300 considerados sospechosos. Estos antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su análisis e incorporación a las investigaciones en curso.
La fiscal indicó que las pesquisas permitieron identificar un supuesto modus operandi basado en institutos de enseñanza que operaban principalmente en el interior del país sin contar con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) para impartir carreras de formación docente.
Según explicó, estos centros educativos ofrecían cursos durante varios años, cobraban matrículas, cuotas y otros aranceles académicos, para finalmente entregar títulos que aparentaban ser expedidos por universidades reconocidas.
En uno de los casos investigados, se habría utilizado indebidamente el membrete de la Universidad Autónoma de Asunción. La institución universitaria, de acuerdo con la fiscal, confirmó mediante informes oficiales que las personas involucradas nunca estuvieron matriculadas ni registradas como estudiantes.
“Se realizó toda una trazabilidad documental y la universidad informó que no tenía a estas personas en sus registros académicos”, sostuvo.
La representante del Ministerio Público afirmó que existen numerosos institutos bajo sospecha y consideró que el CONES deberá desempeñar un papel fundamental en la identificación y control de estas estructuras.
Asimismo, reveló que durante la investigación se logró identificar a tres docentes presuntamente involucrados, aunque advirtió que el proceso fue complejo debido al temor de muchas personas a brindar información.
En ese contexto, Sosa manifestó que una de las principales hipótesis apunta a la posible existencia de una red de funcionarios dentro del propio MEC que habría facilitado la inscripción de títulos irregulares y la posterior expedición de matrículas docentes.
“La sospecha es que durante años existió un sistema que permitía la inscripción de estos títulos y el otorgamiento de matrículas, lo que necesariamente implica la participación de personas dentro de la estructura administrativa”, señaló.
La fiscal indicó que los casos investigados corresponden principalmente a los años 2008, 2010 y 2012, aunque no se descarta que existan hechos similares en otros periodos.
Finalmente, reconoció que la situación afecta tanto a personas que fueron engañadas y realizaron importantes inversiones económicas para obtener una formación profesional, como a quienes habrían adquirido títulos de manera irregular para acceder al ejercicio de la docencia.
Las investigaciones continúan y el Ministerio Público busca determinar el alcance de la presunta red, así como la responsabilidad de todos los involucrados en la emisión, registro y utilización de los documentos cuestionados.
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