La senadora Esperanza Martínez criticó el actual modelo de reajuste del salario mínimo legal en Paraguay, luego del incremento del 5% decretado por el Poder Ejecutivo. La legisladora afirmó que el monto otorgado no se condice con las necesidades de la población trabajadora y está completamente desfasado del costo de vida real que se siente en las calles. Señaló además que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos funciona bajo un esquema obsoleto al reunirse solo una vez al año para seguir los informes del Banco Central del Paraguay , entidad a la que calificó como no especializada en materia laboral y social.
La parlamentaria enfatizó que esto no puede ser una decisión de bondad o de maldad de nadie, criticando que el presidente de la República salga a adjudicarse el porcentaje de aumento de manera personal. Martínez explicó que existe un consenso transversal entre el sector empresarial, los trabajadores y la ciudadanía sobre la urgencia de terminar con la discrecionalidad política en un tema tan sensible. Aludiendo directamente a la profesión de Santiago Peña, cuestionó que siendo economista ignore una solución metodológica elemental para dotar de seriedad y previsibilidad a las variables del mercado de consumo paraguayo.
Ante la falta de parámetros técnicos claros en el último decreto, la senadora recordó que junto a su colega Yolanda Paredes y otros legisladores presentaron un proyecto de ley para reformar la estructura de la CONASAM. La propuesta apunta a convertir esta comisión en un organismo técnico especializado que produzca estadísticas de manera continua, rigurosa y permanente durante todo el año, garantizando un respaldo científico inobjetable a la hora de definir los ingresos de la clase obrera y evitar el martirio de las discusiones anuales sin datos sólidos.
Respecto a las declaraciones de los líderes de la bancada oficialista, quienes tildaron de descabelladas las iniciativas de la oposición, Martínez lamentó la falta de apertura al diálogo y acusó al Gobierno de actuar como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Expresó que si el proyecto de la oposición no les parece el mejor, el Ejecutivo tiene la obligación de presentar su propia propuesta de modificación en lugar de descalificar los intentos de reforma, sugiriendo que prefieren mantener el sistema actual para conservar la conveniencia de la fijación por criterio político.
Por último, la legisladora criticó la falta de coherencia de las autoridades actuales, señalando que mientras el discurso oficial habla constantemente de modernizar el Estado para atraer grandes inversiones internacionales, se rechaza la creación de una institución que estudie lo que verdaderamente afecta el día a día de la gente. Remarcó que definir cuánto va a ganar una persona por su trabajo de forma rigurosa y previsible es una herramienta vital para cualquier economía que busque salir de la pobreza y combatir la desigualdad social de manera seria.
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