La jueza penal de Garantías, Diana Carvallo, admitió de manera oficial la imputación presentada por el Ministerio Público contra el diputado Mauricio Espínola. Con esta resolución judicial, el parlamentario queda formalmente sujeto al proceso penal bajo la figura de supuesto homicidio culposo. La magistrada dispuso además calendarizar la audiencia de imposición de medidas para el próximo miércoles 8 de julio, instancia en la cual el juzgado determinará las reglas de conducta y restricciones legales que el legislador deberá cumplir a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.
El caso penal guarda relación con un siniestro de tránsito ocurrido el pasado 16 de mayo en la intersección de la avenida General Santos (Kubitschek) y la calle Cerro Corá, en Asunción. En aquella oportunidad, el legislador se encontraba al mando de una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner. Por razones que aún se investigan, el rodado colisionó contra una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR 150, la cual era conducida por el joven Emilio Benítez Chaparro, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
A raíz del fuerte impacto en el asfalto, el conductor del biciclo sufrió lesiones de extrema gravedad en la zona craneal y fue auxiliado de urgencia por el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La víctima permaneció internada bajo cuidados intensivos en el Hospital de Trauma, donde finalmente se confirmó su deceso el 27 de mayo debido a las complicaciones de un traumatismo craneoencefálico moderado. De acuerdo con las actas fiscales elaboradas tras el accidente, a Espínola se le practicó la prueba de alcotest en el lugar del hecho, arrojando un resultado negativo.
El avance del procesamiento judicial fue factible luego de que la propia Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el desafuero del parlamentario el pasado 16 de junio, permitiendo que la agente fiscal de la causa, Mercedes Vera Monges, continúe con los requerimientos previstos en el Código Procesal Penal. El escrito de la Fiscalía solicita para el imputado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, sugiriéndose la imposición de una caución real suficiente, la fijación de un domicilio permanente y la obligación de comparecer mensualmente ante las oficinas del Poder Judicial.
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