La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción impulsó una nueva acción jurídica para reactivar el proceso penal que se encuentra congelado en los tribunales. Los agentes fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, designados para investigar la causa penal caratulada “Carlos Adolfo Arregui Romero y otros s/ revelación de servicios y otros” bajo el número de expediente 6898/23, presentaron este jueves una petición formal dirigida a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El requerimiento del Ministerio Público tiene como objeto principal solicitar la integración urgente del Tribunal de Apelaciones, advirtiendo sobre el grave perjuicio que ocasiona la paralización sistemática de las actuaciones judiciales.
La causa penal investiga la supuesta comisión de hechos punibles de asociación criminal, denuncia falsa y revelación de secretos de servicios por parte del exministro Carlos Arregui y otros procesados. A pesar de la gravedad de los cargos y de que la representación fiscal presentó su correspondiente requerimiento conclusivo de acusación el 11 de marzo de 2025, el proceso no ha podido progresar hacia la audiencia preliminar debido a un escenario de constantes dilaciones que se arrastra desde hace más de un año.
Según consta en los registros de la Fiscalía, la causa se encuentra empantanada como consecuencia directa de sucesivas inhibiciones de los magistrados intervinientes y los constantes cuestionamientos sobre quién debe ejercer la competencia legal en el caso.
El punto de conflicto medular del retraso se centra en una impugnación que formuló el magistrado Agustín Lovera Cañete en contra de la inhibición expresada por la jueza penal de garantías Adriana Giagni. Aunque la Sala Penal de la Corte Suprema ya había ordenado previamente remitir el expediente para su tratamiento, los integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Cuarta Sala comunicaron formalmente, mediante el Auto Interlocutorio N.° 437 de fecha 3 de diciembre de 2025, que les fue imposible dirimir el conflicto de competencia debido a que no se logró conformar la mayoría de votos necesaria para tomar una decisión.
Ante esta inviabilidad de lograr un acuerdo técnico entre los camaristas, el expediente judicial tuvo que retornar a la Corte Suprema de Justicia, instancia que ahora tiene la responsabilidad de intervenir de forma directa para resolver la competencia y permitir que el caso contra Arregui siga su curso ordinario.
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