La solicitud formal fue canalizada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, mediante una nota remitida al fiscal general adjunto, Brett Shumate. En el documento se precisa que desde el pasado 5 de marzo la Administración estadounidense reconoce formalmente a Rodríguez como mandataria interina de la nación sudamericana, cargo que asumió tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas el 3 de enero. En consecuencia, el Departamento de Justicia solicitó al juez del Distrito Sur de Florida el archivo de la causa sin perjuicio de eventuales acciones futuras.
El proceso judicial en cuestión fue promovido en Miami por tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en territorio venezolano, quienes denunciaron haber sido víctimas de secuestros, torturas y actos de terrorismo. Si bien la demanda salpica a varios altos mandos del régimen venezolano —entre ellos el propio Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino—, el juez federal de la causa dictó recientemente una indemnización de 314 millones de dólares contra los demandados, excluyendo de la sentencia a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez.
Desde el punto de vista jurídico, el otorgamiento de esta inmunidad no constituye una absolución ni una amnistía definitiva. Su efecto práctico implica pausar la jurisdicción de los tribunales norteamericanos mientras la autoridad permanezca al frente del Ejecutivo venezolano, dejando abierta la posibilidad de reactivar los reclamos legales una vez que concluya su mandato o abandone el cargo.
La movida legal refleja el alineamiento y los estrechos vínculos que el Gobierno de Donald Trump ha consolidado con la administración interina en Caracas tras la caída de Maduro. Este acercamiento se da en el marco de coordinaciones en materias económicas y reformas legales, al tiempo que la oposición venezolana continúa impulsando iniciativas para una transición democrática integral.
Discussion about this post