El diputado Avelino Dávalos expresó su inquietud ante los últimos episodios de violencia registrados en el distrito de Tava’i, señalando la necesidad urgente de encarar una estrategia conjunta entre las autoridades locales, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público. El parlamentario refirió que tanto la Gobernación de Caazapá como las intendencias del departamento requieren un acompañamiento firme por parte de los organismos de seguridad para contener la presencia de grupos criminales en la región.
Al evaluar los procedimientos realizados en la zona, Dávalos destacó los esfuerzos llevados a cabo en los últimos meses por la Policía Nacional en la incautación de cargas de drogas y la destrucción de plantaciones de marihuana. Sin embargo, lamentó que el reciente hecho de sicariato opaque los avances operativos logrados en materia de seguridad, advirtiendo que las estructuras delictivas buscan establecerse en el departamento como consecuencia de la presión que ejercen las Fuerzas de Tarea Conjunta en zonas como Canindeyú y el Comando de Operaciones de Defensa Interna en los departamentos del sur.
En ese sentido, el legislador identificó al Parque Nacional San Rafael —reserva que abarca más de cincuenta mil hectáreas— como el principal punto crítico de la problemática en Caazapá. Según su análisis, la reserva forestal se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, funcionando de hecho como un territorio sin control estatal ni privado, lo que propicia el avance de los cultivos ilícitos y la mecanización irregular de suelos.
Dávalos enfatizó que la solución de fondo requiere regularizar la situación dominial de las tierras del parque y consolidar una presencia permanente de las fuerzas del orden. El congresista insistió en que el Estado debe intervenir institucionalmente para evitar que el departamento quede rezagado o acorralado por el desplazamiento de las bandas criminales que operan en las fronteras de los departamentos vecinos.
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