La plenaria de secretarios y representantes de las distintas organizaciones sindicales aprobó la ejecución de las jornadas de protesta ante la falta de convocatoria por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias y del Ministerio de Economía y Finanzas. La dirigencia recordó que existía un compromiso institucional para entablar una mesa de diálogo antes de finalizar la semana, reunión que finalmente no fue concretada por los representantes del Poder Ejecutivo.
La principal reivindicación expuesta por los educadores apunta a la exclusión de los reajustes salariales y beneficios históricos del proyecto del Presupuesto General de la Nación enviado al Congreso. Frente a la propuesta oficial de un incremento del 2,4%, el sector exige la incorporación formal de una adenda que contemple el 8% de reajuste acordado previamente con el titular de la cartera educativa, el cual se aplicaría de manera escalonada a lo largo del ejercicio fiscal.
Desde la Federación de Educadores del Paraguay señalaron que los ingresos del sector sufrieron una pérdida sustancial del poder adquisitivo como consecuencia del aumento de la canasta básica, la suba de los combustibles y el incremento de tres puntos porcentuales en los aportes jubilatorios dispuesto en la reciente reforma de la Caja Fiscal. La meta de fondo trazada por las organizaciones busca alcanzar de forma gradual un salario piso de Gs. 5.000.000 por turno para el maestro de grado, además de ajustes proporcionales para catedráticos y directores.
En caso de que las autoridades no remitan la adenda correspondiente al Poder Legislativo, las organizaciones advirtieron que el plan de lucha se extenderá por tres días adicionales, del 22 al 24 de septiembre. Esta prórroga de las movilizaciones coincidiría de manera directa con la huelga general anunciada por el sector de la salud pública, lo que configuraría un paro intersectorial de gran alcance en todo el territorio nacional.
Las dirigencias gremiales estiman que la medida alcanzará un acatamiento cercano al 90% en las instituciones públicas de las cabeceras departamentales, movilizando a unos 60.000 trabajadores de la educación. Las notas de notificación formal sobre las resoluciones adoptadas fueron remitidas a las sedes ministeriales correspondientes, a la espera de una propuesta oficial antes de la fecha fijada para el inicio del paro.
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