La Justicia Federal de Brasil elevó a 28 años, un mes y 15 días de prisión la condena de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto”, por el homicidio de Lidia Meza Burgos, ocurrido en noviembre de 2018 en Paraguay.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Primera Sala Especializada de la Justicia Federal brasileña, que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y dio lugar parcialmente al planteado por el Ministerio Público Federal.
En consecuencia, el tribunal reformó parcialmente la sentencia anterior, al reconocer como acreditada una circunstancia judicial desfavorable relacionada con la personalidad del condenado. La pena, inicialmente fijada en 24 años y nueve meses de prisión, fue elevada a 28 años, un mes y 15 días de reclusión, en régimen cerrado.
La resolución mantuvo los demás términos de la sentencia, incluida la ejecución provisional de la pena.
Homicidio en la Agrupación Especializada
El proceso tuvo su origen en la investigación iniciada por el Ministerio Público paraguayo tras el homicidio de Lidia Meza Burgos, ocurrido el 17 de noviembre de 2018, en dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde Pinheiro Veiga se encontraba privado de libertad.
Según los antecedentes de la investigación fiscal, la víctima fue atacada con un arma blanca y sufrió 53 heridas. La hipótesis investigativa estableció que el crimen habría sido cometido con la finalidad de generar un nuevo proceso penal en Paraguay y, de esa manera, obstaculizar o demorar su extradición a Brasil.
Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la unidad penal encabezada por la agente fiscal María Irene Álvarez, que impulsó las actuaciones para esclarecer el hecho y preservar los elementos probatorios.
Cooperación entre Paraguay y Brasil
Posteriormente, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales (UASI) del Ministerio Público paraguayo, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, coordinó las actuaciones necesarias para posibilitar la transferencia del proceso penal a las autoridades brasileñas.
A través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, la investigación iniciada en Paraguay tuvo continuidad ante la jurisdicción federal de Río de Janeiro, con la preservación de las evidencias obtenidas en territorio paraguayo.
La articulación entre ambas instituciones permitió que el caso fuera sometido a juzgamiento ante la Justicia Federal brasileña y culminara con una condena cuya pena fue elevada a más de 28 años de prisión.
El Ministerio Público destacó la importancia de la cooperación internacional y la transferencia de procesos penales para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar la impunidad en hechos cuya persecución involucra a más de una jurisdicción.
Fuente: Ministerio Público
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