Posterior a la fundamentación de los alegatos de la representación fiscal en los que se concluyó que el encausado incurrió en la producción mediata de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado, la estrategia de la defensa técnica se centró en cuestionar la proporcionalidad de la condena requerida. Ante las consultas de los medios de prensa, la letrada Alba Zaracho sostuvo que la pena solicitada «no se ajusta» a los parámetros legales de medición ni a las circunstancias particulares del juzgamiento.
Cuestionada sobre la escala penal invocada por los agentes fiscales —que contempla un techo de hasta 15 años de reclusión—, la profesional del derecho señaló que la construcción del marco punitivo realizada por el Ministerio Público resulta conceptualmente incorrecta. Zaracho indicó que, si bien la Fiscalía expuso una postura técnica para sustentar su pretensión, dicha interpretación jurisprudencial no se aplica al caso concreto de Rivas, aspecto que desarrollará minuciosamente en su turno de alegatos finales.
En relación con el pedido adicional de la Fiscalía para abrir investigaciones penales por presunto testimonio falso y frustración de la persecución penal contra docentes, exalumnos y autoridades de la Universidad Sudamericana, la defensora puntualizó un detalle procesal clave. Zaracho aclaró que las personas señaladas por el órgano acusador no fueron propuestas en el juicio como testigos de la defensa, sino que fueron ofrecidas en el auto de apertura por la propia representación fiscal.
Asimismo, la abogada confirmó que por recomendación profesional el exsenador Rivas no formulará declaraciones públicas durante el desarrollo de esta fase final de las audiencias. La defensa técnica aguarda la convocatoria oficial fijada por el tribunal de sentencia para este jueves, oportunidad en la que presentará sus consideraciones finales antes de que los magistrados entren a deliberar sobre la absolución o condena del imputado.























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