El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia Benítez, dio trámite formal al Requerimiento Fiscal N.º 1 e imputación del Ministerio Público, dictando severas medidas cautelares reales y personales dentro de la causa “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza.
La decisión judicial alcanza a un total de 34 procesados —27 personas físicas y 7 personas jurídicas— salpicados por la presunta autorización y administración irregular de operaciones de crédito y sobregiros sin las debidas garantías dentro de ueno bank S.A. durante los ejercicios 2025 y 2026.
Entre las medidas patrimoniales adoptadas por el magistrado se destacan la inhibición general de vender y gravar bienes, librada a la Dirección General de los Registros Públicos con un plazo de toma de razón de 48 horas, y la prohibición de innovar mediante la inmovilización preventiva de todas las cuentas bancarias y financieras del país a través del Banco Central del Paraguay.
En el ámbito de las medidas personales dictadas durante la jornada de este jueves 5, el magistrado decretó la prisión preventiva del ex-CEO de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, junto a los exdirectivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Por su parte, para las ejecutivas imputadas Diana Leticia Mongelos González y Mariana Isabel Torres Rubiani, el juzgado dispuso la aplicación del arresto domiciliario bajo la modalidad de monitoreo permanente mediante tobillera electrónica.
El bloqueo patrimonial y la inhibición de bienes también se extendieron a los directivos de firmas asociadas y demás procesados en la causa, así como a las personas jurídicas MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., FRANDE S.A. / FRANEDE S.A., AIME S.A. Corredores de Seguros y VINANZAS S.A.
El juez Estigarribia argumentó en su resolución que las medidas reales dispuestas por el juzgado responden a un criterio estrictamente preventivo, amparado en el Código Procesal Penal y Civil, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio existente y evitar la eventual disipación de fondos que permitan reparar el perjuicio provocado a los ahorristas del sistema.























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