El gobierno de Nicaragua anunció ayer la clausura de 1.500 ONG, la mayoría religiosas, como parte, según opositores, de una arremetida contra grupos de la sociedad civil que consideran hostiles al presidente Daniel Ortega.
Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, eleva a más de 5.100 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, y ocurre tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado.
Según una decisión del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro incumplieron sus obligaciones pues “no reportaron por períodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros”.
En la lista de entidades cuya “personalidad jurídica y registro” fueron canceladas, y cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados; también clubes rotarios y de ajedrez.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.
El régimen de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, maquinó las leyes contra las ONG tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Fuente: EFE
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