El agente fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana, indaga los supuestos hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. La representación fiscal abrió la carpeta fiscal a raíz de los acontecimientos que habrían ocurrido el pasado 31 de marzo cuando una treintena de personas se presentó a la escalinata de acceso a la sede del Poder Judicial de Asunción.
Este grupo de unas 30 personas habría pretendido realizar una representación teatral sobre el suceso ocurrido el 31 de marzo del 2017, tras el fallecimiento de Rodrigo Quintana.
Sin embargo, de acuerdo al informe policial, los manifestantes habrían tenido la intención de acceder a la escalinata y posteriormente a la sede judicial. En la nota policial presentada ante la Unidad Fiscal se manifiesta que personal policial explicó a los manifestantes sobre la existencia de la Acordada n.° 254 de la Corte Suprema de Justicia.
Ésta expresa en su artículo n,° 4: “cualquier acto público dentro del predio de los Juzgados y Palacio de Justicia, necesitarán la autorización del Consejo de Superintendencia, o del Consejo de Administración de la Circunscripción correspondiente en su caso, donde se definirá el área de reunión, salvo las audiencias señaladas por los Juzgados y Tribunales”.
Según los datos, la copia del documento judicial, habría sido entregada a la abogada Marlene Orué, pero ante la negativa, aparentemente, arrojó la copia de la Acordada al suelo y emitió palabras ofensivas contra los agentes policiales.
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