En una declaración conjunta difundida por el flamante bloque EPAS, representantes del sector agroindustrial de Argentina, Brasil y Paraguay expresaron su “firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, la norma que restringe la importación de productos vinculados a la deforestación. Consideran que se trata de una medida unilateral que impone «obligaciones extraterritoriales» a los países productores, sin consulta ni reconocimiento de sus marcos ambientales internos.
El Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano surge como resultado de los acuerdos alcanzados durante la Segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal, celebrada en abril en el Congreso argentino. Allí participaron dirigentes y legisladores de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Brasil, quienes coincidieron en la necesidad de unificar posiciones frente a las políticas ambientales europeas que afectan las exportaciones del Cono Sur.
La carta fundacional del EPAS lleva las firmas de Ángeles Naveyra (Fundación Barbechando, Argentina), Tania Zanella (Instituto Pensar Agropecuária, Brasil) y Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción, Paraguay). Su misión, según explicaron, será “consolidarse como la voz representativa del agro ante los poderes legislativos de Sudamérica”.
Uno de los puntos más criticados del reglamento europeo es la clasificación de “riesgo estándar” asignada a países como Argentina, Brasil y Paraguay. Según el comunicado, esa determinación “fue adoptada sin criterios técnicos ni científicos claros, sin consulta ni transparencia institucional, y sin considerar los avances legales, ambientales y productivos alcanzados a nivel nacional”.
El bloque sostiene que la resolución de la Unión Europea genera efectos negativos sobre las exportaciones agroindustriales, al trasladar costos a los productores, afectar el desarrollo rural y vulnerar principios de comercio justo y sostenible.
Inspirado en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el EPAS busca transformarse en un centro técnico-parlamentario regional, donde legisladores y asesores puedan intercambiar proyectos, normas y documentos sobre desarrollo agroindustrial. El objetivo, remarcan, es fortalecer la cooperación legislativa y la integración productiva de Sudamérica frente a desafíos globales como la trazabilidad ambiental, la deforestación y la competitividad exportadora.
Finalmente, los firmantes reclamaron la revisión profunda del reglamento europeo, al considerar que las sucesivas postergaciones en su entrada en vigor “demuestran la necesidad de un enfoque multilateral, técnico y de cooperación regional”.
Fuente: UGP
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