El abogado y funcionario del Congreso Nacional, Francisco Rubén Penayo Almada, presentó una denuncia penal contra el senador Basilio «Bachi» Núñez por la presunta comisión de hechos punibles contra el patrimonio y el ejercicio de las funciones públicas. El escrito, remitido a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, señala posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
Uno de los ejes centrales de la acusación es la supuesta incorporación masiva de aproximadamente 300 nuevos funcionarios bajo la gestión de Núñez en el Senado y el Congreso. Según el documento, estas designaciones se habrían realizado omitiendo concursos públicos de oposición, priorizando la lealtad política y los vínculos con el movimiento Honor Colorado y otras facciones aliadas. La denuncia sostiene que se violentaron preceptos constitucionales y convenciones internacionales que garantizan la igualdad de acceso a la función pública basada únicamente en la idoneidad.
Respecto a los beneficios económicos, se reporta que el senador percibiría montos mensuales en concepto de bonificaciones que ascienden a G. 21.100.950, adicionales a su dieta legislativa. El denunciante advierte que esta suma excede la remuneración percibida por el Presidente de la República, lo que quebraría la jerarquía salarial estatal y la razonabilidad del gasto público. Se cuestiona si estos pagos cuentan con una contraprestación real que los justifique o si se encuentran fuera de los límites legales establecidos por el Presupuesto General de la Nación.
El documento solicita al Ministerio Público realizar un cruzamiento de datos entre la planilla de nuevas contrataciones desde julio de 2024 y los padrones de organizaciones políticas partidarias. Asimismo, se requiere que la Contraloría General de la República realice una auditoría especial sobre el rubro de «Bonificaciones y Gratificaciones», evaluando todos los casos de aumentos salariales y promociones otorgados durante el periodo señalado. También se pide un extracto detallado de todos los pagos realizados al denunciado entre los años 2025 y 2026.
La denuncia pone énfasis en el control de constitucionalidad de los reglamentos internos que permitieron estas acciones, argumentando que ninguna norma puede facultar el «despilfarro de fondos públicos». El escrito advierte que, de confirmarse el uso del cargo para otorgar beneficios económicos a partidarios, se estaría ante actos inconstitucionales y sin valor jurídico.
El petitorio concluye solicitando la apertura inmediata de una investigación fiscal para determinar las responsabilidades penales que correspondan según las pruebas arrimada
Discussion about this post