La próxima administración encabezada por Nasry «Tito» Asfura en Honduras se prepara para implementar una ambiciosa reducción del aparato estatal. La eliminación de 38 instituciones públicas y una estricta política de austeridad definen un giro estructural cuyo propósito es optimizar el gasto y generar ahorros sustanciales.
Parte del ahorro proyectado, calculado en 15 mil millones de lempiras, se destinará al pago de los compromisos laborales pendientes del Estado, según informó la designada presidencial electa María Antonieta Mejía durante una entrevista televisiva citada por medios locales.
En el tramo inmediato previo a su investidura, Asfura ha apostado por la contención del gasto incluso en el acto de su asunción, que se celebrará en el Congreso Nacional y no en el Estadio Nacional, como era tradición en gobiernos anteriores.
Según Mejía, la ceremonia tendrá carácter de «evento simbólico», sin la presencia de mandatarios extranjeros y con una representación internacional compuesta principalmente por embajadores y delegados de organismos.
Este enfoque busca enviar una señal de institucionalidad y sobriedad, enfatizando la coherencia entre el discurso de austeridad y sus primeras decisiones administrativas.
De acuerdo con los detalles proporcionados por Mejía, el recorte reducirá el número total de instituciones estatales de 113 a 74. La justificación central de la reforma radica en la existencia de duplicidad de funciones, estructuras sobredimensionadas y gasto corriente excesivo en buena parte de las entidades afectadas.
La futura funcionaria aclaró que la eliminación de organismos no conllevará la supresión de funciones esenciales, sino su integración a otras dependencias ya operativas. Para Mejía, «el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para atraer inversión. La inversión, tanto nacional como extranjera, es la que debe producir los empleos».
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