La Contraloría General de la República (CGR) inició un análisis de correspondencia patrimonial a los 17 gobernadores del país, según confirmaron varias fuentes a Radio 1000 AM. Al respecto habló Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de la Contraloría.
El procedimiento forma parte de una revisión preliminar sobre el manejo de recursos públicos vinculados al programa Hambre Cero, iniciativa destinada a financiar la provisión de alimentos a niños y adolescentes que asisten al sistema educativo público.
La decisión de la CGR se produce en medio de crecientes cuestionamientos políticos y denuncias sobre posibles irregularidades en la administración de los fondos del programa, planteadas tanto por senadores de la oposición como por legisladores del propio oficialismo.
Las críticas alcanzaron incluso a gobernadores alineados al cartismo. Durante una reciente sesión del Senado, el legislador oficialista Silvio “Beto” Ovelar llegó a calificar a algunos jefes departamentales como “po pohyi” (mano pesada), en alusión a presuntas prácticas irregulares en el manejo de los recursos.
En esa misma sesión, la Cámara Alta decidió retirar a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná la administración del programa Hambre Cero.
Uno de los casos que generó mayor repercusión pública fue el de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, quien quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una fiesta de 15 años organizada para su hija, cuyo costo habría superado los 1.000 millones de guaraníes.
El episodio reavivó cuestionamientos sobre su evolución patrimonial. Meza ha sido señalada por registrar un importante crecimiento patrimonial durante su trayectoria como funcionaria pública, lo que ahora podría quedar bajo revisión dentro del análisis impulsado por la Contraloría.
El proceso anunciado por la CGR busca verificar la correspondencia entre los ingresos declarados por los gobernadores y la evolución de sus patrimonios, en un contexto de fuerte presión política para transparentar el uso de recursos públicos destinados a programas sociales.
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