El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado dictó este martes la prisión preventiva del exsenador colorado Erico Galeano Segovia. Los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos dieron lugar a la solicitud presentada por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, revocando la libertad ambulatoria de la que gozaba el encausado.
La resolución dispone su inmediato traslado al Centro Nacional de Prevenidos, ubicado en el predio de la antigua penitenciaría de Tacumbú, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia el recurso extraordinario de casación planteado contra su condena.
Esta determinación judicial se produce exactamente a un año del inicio formal del proceso, que comenzó con la imputación presentada el 19 de mayo de 2023. A lo largo de este periodo, es la primera ocasión en que el exparlamentario pisará un establecimiento penitenciario ordinario, dado que anteriormente solo cumplió arresto domiciliario durante tres meses —entre septiembre y diciembre de 2023— para luego obtener el beneficio de la libertad ambulatoria que mantenía hasta la fecha.
La orden de reclusión se fundamenta en la sentencia dictada por el mismo Colegiado el pasado 4 de marzo, la cual impuso a Galeano una pena de 13 años de cárcel tras hallarlo culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal bajo la ley de drogas.
Las investigaciones de la megacausa «A Ultranza» acreditaron los vínculos logísticos y financieros del político con la estructura criminal liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset y por Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico».
Durante la audiencia de revisión de medidas sustanciada este martes, el equipo jurídico defensor, integrado por los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, intentó evitar el encarcelamiento ofreciendo una fianza real de aproximadamente 17.000 millones de guaraníes respaldada por tres inmuebles. La defensa argumentó ante el Tribunal la inexistencia de un peligro de fuga real que justificara la privación de libertad, solicitando en su reemplazo el beneficio del arresto domiciliario, planteamiento que fue finalmente desestimado por los magistrados.
El abogado Luis Fernando Almado señaló que la decisión judicial «era algo que se veía venir», ya que, a su criterio, todo el proceso entablado en contra del exlegislador fue producto de una presión política.
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