El cardenal Adalberto Martínez, en la misa por el aniversario 213 de la Independencia Nacional, destacó las acciones encaminadas para una mayor inclusión de los sectores vulnerables del país, señalando la necesidad de buscar consensos básicos que apuntalen el bien común. En la ceremonia religiosa estuvieron presentes el presidente de la República Santiago Peña y vicepresidente Pedro Alliana, entre otras autoridades.
Indicó que la Iglesia recibió con beneplácito el anuncio hecho por el Ejecutivo de que se construyen y se construirán varios hospitales equipados en el país y en la Capital, con los recursos adicionales que se recibirán tras el establecimiento de una nueva tarifa por la energía eléctrica generada en la Itaipú Binacional. «Es importante no defraudar las expectativas y las esperanzas de la gente», dijo el cardenal.
«Fortalecer servicios y garantizar derechos considerados básicos para una vida digna y plena de las personas que habitan el suelo patrio, priorizando a los mas vulnerables, como los pueblos campesinos e indígenas», fue el pedido del jefe religioso.
Así también pidió fortalecer la institucionalidad democrática de la República y trabajar arduamente «en favor de una sociedad cohesionada en el respeto irrestricto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés general interpretado como el bien común».
Señaló que «es necesario que encaremos la revisión del modelo económico vigente, que consigue el crecimiento pero sigue predominando la informalidad, y no contribuye para mejorar significativamente la inclusión social y la calidad de vida de los sectores menos favorecidos», dijo Martínez.
En ese sentido mencionó que cerca del 42% de los trabajadores ganan menos que el salario mínimo, que de por sí es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y que la mayoría de la población no tiene posibilidad de una jubilación ni acceso a salud pública o privada.
«El Paraguay libre, soberano, próspero y feliz que queremos, necesita de todos sus hijos unidos en una visión común de país, más allá de las diferentes opciones políticas, grupos de intereses o convicciones religiosas»,
Otro imperativo es «fortalecer y custodiar que el Ministerio Publico y el Poder Judicial mantengan su autonomía frente a los poderes fácticos, y que la integridad ética de sus miembros sean indubitables para la ciudadanía y que su actuación se constituya en una garantía para el Estado de Derecho».
«La justicia independiente será la mejor garantía para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, también necesitamos una ciudadanía articulada y con capacidad de indignación y reacción ante los hechos que amenazan sus derechos fundamentales y la estabilidad de la República. La calidad de la democracia participativa depende de la calidad vigilancia y su participación de sus ciudadanos», culminó.
