El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos (ANR), tomó una insólita decisión: declarar asueto distrital para el sector educativo, tanto público como privado, el próximo viernes 16 de mayo. La medida interrumpe por completo las actividades escolares en el distrito por el resto de la semana.
La disposición está contemplada en la Resolución IM Nº 1075/2025, firmada digitalmente por el jefe comunal el pasado viernes 9 de mayo, lo que ha generado aún más controversia y sospechas.
Desde hace más de un año, Diego Ríos viene siendo blanco de graves denuncias por supuestos hechos de corrupción en la administración municipal. El Ministerio Público incluso inició una investigación, tras la presentación de pruebas documentales, y la Contraloría General de la República (CGR) notificó a la Junta Municipal y a la Intendencia sobre la apertura de una auditoría especial y verificación in situ de obras financiadas con fondos comunales.
Sin embargo, en un giro político cuestionable, Ríos abandonó el movimiento «Yo-Creo», por el cual fue electo intendente, y reapareció en la Junta de Gobierno del Partido Colorado para solicitar su reafiliación y exigir respaldo político.
Los concejales colorados que antes lo criticaban abiertamente y lo tildaban de corrupto, ahora no solo aprueban todos sus pedidos, sino que incluso validaron la ejecución presupuestaria 2024 a pesar de la falta de documentación respaldatoria.
Ríos tomó la llamativa determinación de declarar asueto educativo «en adhesión a los festejos patrios», según reza la resolución. Sin embargo, la medida es vista como una maniobra desesperada para evitar nuevas protestas contra su gestión, especialmente en espacios públicos donde pueda ser nuevamente escrachado.
Llama la atención que la resolución haya sido firmada digitalmente tanto por el intendente como por el secretario general, en horas de la mañana, lo que hace presumir que ninguno se encontraba físicamente en la sede municipal durante el horario laboral correspondiente. Este detalle refuerza las dudas sobre la legalidad y seriedad de la medida adoptada.
Fuente: La Jornada
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