El Sistema Nacional de Pagos, que ya cuenta media sanción en la Cámara de Senadores, generó críticas en el sector financiero que pide suspender el proyecto y su estudio. El proyecto de ley figura en el punto 5 del orden del día de este martes, el proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
La principal objeción al documento es el inciso e artículo 4 que establece reglamentar, definir los roles y establecer los requisitos aplicables a los distintos roles dentro del Sistema Nacional de Pagos.
El Sistema Nacional de Pagos se refiere a un negocio que mueve millones de dólares, cada vez que se hace una transferencia, cuando se paga por QR o con la utilización de la tarjeta de crédito o débito. El punto polémico es la modificación de un artículo que dicen que se agregó a último momento.
El Sistema Nacional de Pagos tiene distintos roles, por ejemplo, está la entidad que emite la tarjeta, aquella donde se deposita el dinero, el equipo que provee el Pos y los que proveen el cajero automático. Hay empresas que cumplen dos roles, por ejemplo como Bancard que emite la tarjeta, los equipos de Pos y los cajeros.
Lo que se buscaría con el Sistema Nacional de Pagos y con los que se agregó a último momento (los incisos e) y q) en el artículo 4 del proyecto de ley, así como su redacción actual, es obligar a que dividan los roles. Según denuncia el sector financiero, sólo beneficiaría a «empresas amigas» del poder.
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) dicen que se tiene que «acabar el monopolio común».
La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), por su parte, expresó su «profunda preocupación» por una postura que considera «atentatoria» contra la propiedad privada.
ASOBAN lamentó que «los bancos que integran Bancard-, instituciones que han apostado con visión y compromiso por la transformación digital del país sean hoy señalados como un problema».
ASOBAN aclaró que no se opone a la incorporación de nuevos actores, sino que busca asegurar el respeto a la inversión privada y a la libertad del mercado, en un entorno regulatorio «justo, equitativo y libre de privilegios». Consideró que no es competencia del BCP introducir cambios estructurales ni desmembrar una empresa, mucho menos adoptar medidas que, bajo pretextos regulatorios infundados generen ventajas indebidas en perjuicio del resto del ecosistema».
ASOBAN pidió a las autoridades competentes la postergación del tratamiento del proyecto y la apertura de un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo , que permita evaluar a profundidad las implicancias de los inciso mencionados del artículo 4.
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