El juez penal de Garantías Miguel Palacios decretó la prisión preventiva del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, del exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y de Hugo Martín Ríos, en el marco del caso Berilo. La medida busca garantizar la realización de la audiencia preliminar, fijada para el próximo 5 de marzo, tras sucesivas suspensiones.
En el auto interlocutorio N.º 126, el magistrado detalló que la audiencia —en la que se debe resolver si la causa se eleva o no a juicio oral y público— fue postergada en 15 ocasiones desde el 16 de mayo de 2022, principalmente por recursos promovidos por las defensas.
Según Palacios, los numerosos recursos de reposición y recusaciones fueron rechazados sistemáticamente por instancias superiores al considerarlos improcedentes. Estas acciones, señaló, derivaron en la paralización del proceso durante tres años y ocho meses, impidiendo el avance hacia la etapa de juicio.
El juez sostuvo que los planteamientos evidencian una estrategia dilatoria y recordó que el juzgado aplicó sanciones disciplinarias a abogados por recursos considerados obstruccionistas. Incluso se dispuso la realización de audiencias por separado para algunos acusados, aunque las presentaciones continuaron.
Ante este escenario, el magistrado concluyó que la conducta procesal permite inferir que los acusados no tendrían intención de someterse al proceso penal, por lo que resolvió ordenar la prisión preventiva para asegurar la audiencia preliminar.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2018 en Ciudad del Este, mediante más de 20 allanamientos simultáneos encabezados por fiscales y agentes antidrogas. La investigación desarticuló una estructura presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas.
La acusación fiscal fue presentada en septiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022. En el caso de “Cucho” Cabaña, los cargos incluyen comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. Por su parte, el exdiputado Ulises Quintana está acusado por supuesta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización liderada por Cabaña introducía al país cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná para su envío final al Brasil. La Fiscalía sostiene que la estructura logró insertar en el sistema financiero paraguayo importantes sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de estupefacientes.
En relación con Quintana, la acusación señala que habría recibido financiamiento de Cabaña con dinero del narcotráfico para acceder a una banca en la Cámara de Diputados y posteriormente utilizar su investidura en beneficio de la organización.
Además de los principales acusados, la causa involucra a otras personas procesadas por presuntos vínculos con la estructura criminal, en una de las investigaciones más emblemáticas contra el narcotráfico en el país.
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