La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto “Que declara en emergencia nacional la situación de los pequeños productores de Yerba Mate”. La iniciativa legislativa responde a una profunda crisis económica en la cadena de comercialización que mantiene en vilo el sustento de cientos de familias campesinas y que pone en riesgo el cultivo de uno de los productos más emblemáticos de la producción local.
El documento, impulsado y defendido por el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), exhorta de manera formal a los diferentes organismos del Poder Ejecutivo a dar cumplimiento estricto al artículo 25 del Estatuto Agrario vigente. Dicha normativa legal obliga constitucionalmente al Gobierno paraguayo a intervenir de forma activa en la relación comercial existente entre los productores primarios y los acopiadores o industriales, con el objetivo de garantizar márgenes de ganancia equitativos y un intercambio justo.
La disparidad en las cifras del circuito comercializadora motivó la reacción del Congreso. De acuerdo con las denuncias de las organizaciones de base, las industrias pagan actualmente apenas G. 1.200 por cada kilo de hoja verde puesto en secadero. De esa cantidad, el agricultor debe descontar de su propio bolsillo G. 200 para costear el flete de traslado y G. 300 para el pago de la tarefa (mano de obra de cosecha), quedándole una ganancia neta final de tan solo G. 600 por kilo. En contrapartida, la yerba canchada ya procesada se cotiza en el mercado mayorista a G. 6.000 el kilo, una diferencia abismal que expone el marcado dominio industrial sobre la fijación de las tarifas.
La exposición de motivos de la propuesta legislativa alerta sobre un preocupante fenómeno derivado de esta asimetría financiera. Los trabajadores rurales nucleados en la Federación de Productores Yerbateros del Nordeste de Itapúa (FEPYN) advirtieron a las autoridades que la falta de rentabilidad está forzando a numerosos agricultores a arrancar por completo sus plantaciones tradicionales de yerba mate para ceder esos terrenos productivos al avance expansivo de los cultivos mecanizados de soja transgénica.
Desde el sector campesino aclararon que el reclamo no plantea que el Estado fije de manera arbitraria precios fijos en el mercado. El pedido se centra en que las instituciones públicas cumplan con su rol de árbitro e intermediario previsto por ley, avancen hacia una reglamentación integral de la industria yerbatera nacional y se estructuren normativas específicas de protección social destinadas a blindar a los pequeños productores y a los obreros rurales de la región.
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