El diputado nacional Luis Federico «Freddy» Franco (PLRA) presentó un proyecto de ley que plantea modificaciones y ampliaciones estructurales al Código de la Niñez y la Adolescencia, conocido popularmente como «Ley Memby».
La iniciativa parlamentaria busca garantizar que los menores de edad reciban los recursos económicos de sus pensiones de manera efectiva e inmediata. El principal argumento del proyectista es que los mecanismos de ejecución actuales, previstos en el Código Procesal Civil, resultan extremadamente lentos, burocráticos e incompatibles con los principios de urgencia del fuero especializado.
Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a corregir una grave inconsistencia técnica entre las distintas circunscripciones judiciales del país al momento de determinar el valor de las pensiones. Actualmente, existe una disparidad de criterios: algunos juzgados calculan el jornal mínimo de referencia dividiendo el salario mínimo legal entre 26 días, mientras que otros lo hacen entre 30 días, lo que genera montos desiguales para casos idénticos.
El proyecto establece de forma taxativa que el cálculo deberá realizarse exclusivamente sobre la base de 26 días laborales, fijando así una unidad de medida única y obligatoria para todo el territorio nacional.
Además de unificar el criterio de cálculo, la normativa introduce la actualización automática de las cuotas alimentarias cada vez que el Poder Ejecutivo disponga un reajuste del salario mínimo legal, eliminando de forma definitiva la necesidad de tramitar nuevas resoluciones judiciales anuales para indexar los montos. Por otra parte, para agilizar el cobro de las cuotas vencidas y atrasadas sin necesidad de iniciar un nuevo e independiente proceso civil, el documento faculta a los magistrados a ordenar de manera directa la retención inmediata de hasta el 50% de los ingresos del deudor.
Esta medida de fuerza financiera podrá aplicarse de forma directa sobre salarios, jubilaciones, pensiones y cuentas bancarias del aportante, autorizando descuentos mensuales automáticos para asegurar la continuidad de los pagos.
Finalmente, la reforma contempla la inscripción directa del infractor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y amplía la posibilidad jurídica de aplicar estas severas medidas de retención económica contra los obligados subsidiarios en aquellos casos demostrados donde el responsable principal no pueda cumplir con la obligación alimentaria de sus hijos.
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