El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó el sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y de la exviceministra Martha Benítez.
La resolución judicial desvincula por completo a las exautoridades de la causa abierta por el fallido proyecto Metrobús, una iniciativa impulsada durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes. Con esta decisión del magistrado, queda formalmente extinguida la acción penal respecto a ambos procesados en este expediente específico por supuesto hecho punible de lesión de confianza.
La determinación del juzgado se dio tras la audiencia preliminar, donde se hizo lugar al requerimiento conclusivo presentado por el equipo de fiscales integrado por Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti. Los agentes del Ministerio Público rectificaron la postura de la primera investigadora de la causa, María Estefanía González —quien inicialmente había acusado y solicitado juicio oral—, y argumentaron en esta instancia que no existen elementos probatorios suficientes ni evidencia de un perjuicio patrimonial para sostener una acusación. A este pedido de la Fiscalía se allanaron tanto la defensa de los procesados como la Procuraduría General de la República, la cual actuó en representación de los intereses del Estado paraguayo.
Para fundamentar la inexistencia de un daño patrimonial, el Ministerio Público se basó en las rendiciones de cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas de todos los ejercicios fiscales de la gestión, así como en informes periciales de la firma internacional Conexig LLC. Dichas auditorías técnicos-contables demostraron que la administración de Jiménez Gaona —que culminó en agosto de 2018— entregó los trabajos con un avance físico del 40% avalado por fiscalizadores internacionales, concluyendo que lo ejecutado era plenamente funcional y útil dentro de su etapa cronológica con contratos y pólizas vigentes.
Los investigadores determinaron que el fracaso del proyecto no se debió a una inviabilidad técnica originada en ese periodo, sino a decisiones administrativas y políticas posteriores que optaron por la suspensión y posterior demolición de los tramos construidos.
Cabe recordar que, en paralelo al pedido de sobreseimiento para Jiménez Gaona, la Fiscalía imputó en la misma causa al también exministro del MOPC, Arnoldo Wiens, cuyo proceso se encuentra actualmente trabado. Pese a la desvinculación penal de los administradores iniciales a nivel local, el caso Metrobús ya le costó una millonaria penalización al país, luego de que un tribunal arbitral internacional condenara al Estado paraguayo por retrasos y comportamientos indebidos en el contrato.
Debido a este fallo, Paraguay tuvo que abonar un monto que, sumado a los intereses acumulados hasta finales de 2023, obligó al desembolso de 27 millones de dólares a favor de la empresa constructora Mota-Engil.
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