El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) para evaluar la respuesta del Estado al ataque armado contra un puesto policial en Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Al término del encuentro, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las operaciones militares y una reingeniería de la estructura policial en la zona.
El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que los primeros elementos recolectados durante la investigación confirman la participación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aunque sostuvo que el grupo actuó en alianza con otras organizaciones criminales que operan en la región.
Explicó que entre las evidencias figuran un arma utilizada anteriormente en el atentado contra la comisaría de Ybyrarobaná en 2025 y otra vinculada a un enfrentamiento con un grupo delictivo ocurrido en 2020 en la zona de Mbaracayú. Además, indicó que en la escena fueron halladas vainillas correspondientes a diez armas diferentes.
«Los hechos objetivos nos llevan a concluir que actuó el EPP, pero no solo. También participaron otros grupos criminales de la zona que pudieron haber sido reclutados o aliados para ejecutar este ataque», expresó.
Riera señaló que la investigación continúa bajo dirección del Ministerio Público y que no se descartan allanamientos, detenciones y nuevas diligencias conforme avancen los peritajes y las declaraciones de testigos. Asimismo, aseguró que el presidente Santiago Peña fue categórico al exigir resultados y advirtió que el ataque «no quedará impune» hasta que los responsables sean identificados, detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
Como una de las principales decisiones adoptadas durante la reunión, el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas reforzar las operaciones en Canindeyú, profundizando las acciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
Según las autoridades, el despliegue incluirá mayores capacidades operativas y de inteligencia para enfrentar a los grupos armados y fortalecer la presencia del Estado en una zona considerada estratégica desde el punto de vista de la seguridad.
Riera explicó que el foco de las operaciones se concentra actualmente en el entorno de la Reserva Natural Moisés Bertoni y la Reserva Morombí, donde, según indicó, el EPP trasladó sus principales áreas de influencia tras los golpes recibidos en los departamentos de Concepción y Amambay.
El ministro recordó que ambas reservas abarcan decenas de miles de hectáreas de bosques de difícil acceso, lo que representa una importante dificultad para las operaciones de búsqueda y persecución.
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, comisario general César Silguero, anunció una profunda reestructuración de la distribución policial en el departamento de Canindeyú.
Indicó que se revisará la ubicación de los puestos policiales con menor dotación de personal para establecer un nuevo esquema de seguridad basado en criterios técnicos, priorizando la protección de los efectivos y una respuesta más eficiente ante ataques de grupos armados.
Silguero explicó que algunas dependencias serán cerradas y otras habilitadas en nuevos puntos estratégicos como parte de una reorganización integral de los recursos humanos y operativos.
El comandante reveló además que actualmente existen cerca de 700 comisarías, subcomisarías y puestos policiales en todo el país y estimó que alrededor de 200 requieren ser demolidos y reconstruidos debido a sus condiciones estructurales.
Agregó que el Ministerio del Interior ya trabaja en la búsqueda de financiamiento para ejecutar ese proceso de renovación de la infraestructura policial.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y reafirmaron el compromiso del Gobierno de mantener las operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia hasta capturar a todos los responsables del ataque ocurrido en Naranjito.
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