El proyecto de ley que plantea la fusión de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) con el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó oficialmente sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo constitucional de la sanción ficta. El vencimiento del plazo establecido se cumplió el pasado 31 de mayo sin que la Cámara de Senadores se pronunciara sobre las modificaciones que previamente había introducido la Cámara de Diputados, por lo que la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo pasa directamente a manos del presidente Santiago Peña para su posterior promulgación.
Con la entrada en vigencia de esta nueva legislación, la Secretaría de Repatriados deja de existir como un organismo independiente después de más de tres décadas de funcionamiento autónomo, derogándose la Ley N.º 227 de 1993. En su reemplazo, se crea dentro de la estructura de la Cancillería Nacional el Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que dispondrá de autonomía administrativa y financiera, además de una subunidad propia para gestionar su presupuesto.
El cargo de secretario ejecutivo queda formalmente extinguido y el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá competencias ampliadas que incluyen el diseño de políticas migratorias de retorno, la coordinación de asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad o víctimas de trata de personas, y la gestión de reasentamientos a través de las embajadas y consulados.
Un punto central de la normativa estipula que la totalidad de los funcionarios permanentes de la entidad extinguida se integrará de forma automática al plantel del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ley garantiza la conservación de sus derechos laborales adquiridos, tales como la antigüedad, aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de sus cargos. No obstante, se aclara de manera taxativa que estos trabajadores no ingresarán al escalafón diplomático y consular, por lo que continuarán rigiéndose bajo las leyes de la administración pública central; por su parte, el personal contratado mantendrá sus vínculos vigentes bajo las mismas condiciones acordadas hasta su vencimiento.
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