La audiencia de imposición de medidas cautelares prevista para hoy ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quedó oficialmente suspendida en el marco de la segunda imputación por el esquema conocido como la «mafia de los pagarés». La diligencia judicial debía sustanciarse para la exjueza de Paz de La Catedral, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, y otros tres exfuncionarios de su confianza que se encuentran bajo sospecha por presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de por lo menos 114 expedientes en el juzgado del segundo turno. Además de la exmagistrada, para la jornada de la fecha estaban citados los exactuarios judiciales Olivia Mosqueda y Pablo Cabrera, junto a la exujier Mariam Ortíz.
La suspensión de la comparecencia responde a un recurso de reposición con apelación en subsidio que se encuentra actualmente pendiente de resolución ante la Cámara de Apelación. Al respecto, la abogada defensora Raquel Talavera confirmó el planteamiento del recurso contra la providencia del 18 de mayo, argumentando la existencia de un claro non bis in idem (doble juzgamiento). Sostuvo que el soporte digital de almacenamiento (drive) y las evidencias documentales que sustentan esta supuesta nueva imputación del Ministerio Público son exactamente los mismos elementos ya ventilados en la primera causa abierta contra la exjueza, por lo que ambas carpetas comparten idéntico caudal probatorio.
Talavera calificó como apresurado el rechazo en primera instancia dictado por el juez Otazú, debido a que el magistrado denegó la reposición antes de que el acta de sustanciación con los fundamentos correspondientes estuviera alzada de manera formal al sistema informático de las partes. Asimismo, la defensora lanzó fuertes críticas institucionales contra la tipificación del delito de prevaricato utilizado por los agentes fiscales en este caso.
“Si la interpretación del Ministerio Público va a ser imputar por prevaricato por las veces que supuestamente se vuelca una resolución a favor de una de las partes, todos los magistrados de la República del Paraguay y ministros de Corte tendrían que ser, entonces, procesados… Categóricamente, esto de salir de safari, de entrar a los juzgados, de llevar expedientes, de perderse expedientes, de generar una causa, luego generar otra causa con el mismo drive… es un desastre. Si por resoluciones judiciales van a ser procesados magistrados… cerremos nomás ya el Poder Judicial y hagamos cualquier otra cosa. Pero esto no es un Estado de derecho”, sentenció Talavera al rechazar que el Ministerio Público hable de un esquema criminal para beneficiar a empresas de cobranzas.
La abogada defensora insistió en que el criterio de la Fiscalía representa una «injerencia abierta» que atenta contra las garantías de independencia contempladas en el artículo 255 de la Constitución Nacional. Advirtió que la labor jurisdiccional no puede operar bajo el sometimiento o amenazas de imputación por parte de órganos extrapoderes. Cabe recordar que el avance del proceso de juicio oral y público también permanece condicionado, debido a que la defensa planteó días atrás una excepción de inconstitucionalidad contra la norma del prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia, lo que impide el dictamiento de una sentencia hasta que la máxima instancia judicial emita su dictamen.
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