El Ministerio Público imputó a un hombre paraguayo de 58 años por su presunta participación en la organización criminal que ejecutó el violento asalto a varias entidades financieras y una casa de cambios en Santa Rita, Alto Paraná. Con esta nueva incorporación a la causa, ya son seis los procesados por el caso.
La imputación fue presentada por los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado por los supuestos hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y violación de la Ley de Armas y Explosivos.
Según la investigación, el ataque se registró en la madrugada del 16 de junio, cuando cerca de 20 hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en la zona céntrica de Santa Rita. El grupo criminal se dirigió a las sucursales de los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, además de Santa Rita Cambios.
Los delincuentes redujeron a agentes policiales que realizaban tareas preventivas, así como a guardias y funcionarios, quienes fueron mantenidos como rehenes bajo amenazas. Posteriormente colocaron explosivos en los edificios y advirtieron que ejecutarían a los cautivos en caso de una intervención de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con los investigadores, los atacantes lograron apoderarse de importantes sumas de dinero de los bancos Familiar y GNB antes de darse a la fuga. En tanto, la sede de Ueno Bank sufrió daños por impactos de bala, mientras que el explosivo instalado en la bóveda de Santa Rita Cambios no llegó a detonar.
Durante la retirada, los sospechosos incendiaron dos vehículos y dispersaron clavos conocidos como “miguelitos” sobre rutas y caminos para dificultar la persecución policial.
Tras el atraco, agentes intervinientes hallaron numerosas vainillas servidas y un artefacto explosivo metálico de aproximadamente 1,30 metros frente al Banco GNB, que posteriormente fue desactivado por especialistas de la Policía Nacional.
Las investigaciones derivaron en una serie de allanamientos realizados en Emboscada y Minga Guazú, donde fueron detenidos varios presuntos integrantes de la estructura. En los procedimientos se incautaron armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos vinculados al manejo de materiales explosivos.
Respecto al último imputado, la Fiscalía sostiene que habría mantenido contacto con uno de los ya procesados y participado en una operación de intercambio de explosivos realizada en enero de este año, consistente en la entrega de 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.
Los investigadores respaldan la acusación con informes policiales, actas de procedimiento, registros fotográficos, evidencias incautadas y pericias técnicas elaboradas por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel). Ante la gravedad de los hechos y la elevada expectativa de condena, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del encausado.
Fuente: Ministerio Público
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