El presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso de los cuestionamientos del sector empresarial respecto al reciente reajuste del salario mínimo legal del 5%. En declaraciones brindadas a periodistas, el mandatario reconoció de forma abierta que el mecanismo establecido en la Ley N.º 5764/2016 es «una medida imperfecta». No obstante, justificó su resolución de elevar el sueldo básico por encima de la inflación oficial del 2,4% como una «decisión equilibrada» adoptada ante la falta de consenso interno en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos.
Durante su argumentación, el jefe de Estado recordó que la actual modalidad de revisión anual se implementó en el año 2016 bajo el mandato de Horacio Cartes, periodo en el cual él se desempeñaba como ministro de Hacienda. Peña rememoró que el esquema anterior —que requería acumular un 10% de inflación para gatillar un ajuste— erosionaba fuertemente el poder de compra de los trabajadores al demorar hasta tres años. Señaló que, si bien la reforma anual mejoró el sistema previo, persisten dudas legítimas sobre la arbitrariedad de futuras decisiones, por lo que anunció su total predisposición para impulsar un cambio legal inmediato con miras al próximo año.
Al ser consultado sobre las críticas gremiales respecto a la desatención del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Banco Central del Paraguay, Peña admitió que el indicador es una aproximación estadística promedio que «representa a todos pero no representa a nadie», entendiendo el escepticismo ciudadano sobre los datos de inflación. En ese sentido, validó el reclamo empresarial sobre la necesidad de reglas claras, advirtiendo que busca evitar que futuras administraciones adopten medidas desproporcionadas que pongan en riesgo la certidumbre económica y la generación de puestos de trabajo.
Por último, el gobernante adelantó que el próximo 1 de julio, durante su informe de gestión ante el Congreso Nacional, detallará los avances del Poder Ejecutivo en materia laboral. Aseguró que en sus poco más de dos años y medio de gestión se alcanzó casi la mitad de la meta de crear 500.000 nuevos empleos en el país.
Peña concluyó enfatizando que el objetivo final de su administración es avanzar hacia el pleno empleo para forzar un aumento genuino de los ingresos, lo cual se consolidará mediante la atracción de inversiones internacionales y la capacitación de la mano de obra local.
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