El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado, confirmó por unanimidad las condenas impuestas a los integrantes de la estructura criminal desarticulada durante el denominado «Operativo Status», consolidando uno de los fallos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en el país.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la organización familiar vinculada al Clan García Morínigo habría traficado cerca de tres toneladas de cocaína hacia Brasil entre los años 2015 y 2020. Para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas, los miembros del grupo se instalaron en Pedro Juan Caballero, donde crearon empresas de fachada, principalmente del rubro veterinario e inmobiliario.
La investigación también determinó que Julio César Duarte Servián desempeñó un papel clave dentro del esquema financiero de la organización. Aprovechando su participación en Zafra Cambios S.A., habría facilitado el movimiento de millonarias sumas de dinero en la zona fronteriza mediante la modalidad conocida como “pitufeo” o smurfing, además del transporte físico de efectivo. Estos recursos eran utilizados para sostener la logística de la red y cubrir los pagos a sus integrantes.
Con la resolución de la Cámara de Apelaciones quedaron firmes las siguientes condenas: Julio César Duarte Servián, 18 años de prisión; Víctor Javier Paredes Valenzuela, 17 años; Juan Darío Echagüe González, 13 años; Luis Alberto Benítez Escobar, 12 años; y Noelia Giménez, 6 años de cárcel.
Durante la etapa de apelación, las defensas solicitaron la nulidad del juicio alegando supuestas irregularidades relacionadas con la utilización de audiencias virtuales y la incorporación de pruebas remitidas desde Brasil. No obstante, el tribunal rechazó estos planteamientos y sostuvo que las herramientas telemáticas son compatibles con las garantías constitucionales, siempre que permitan una comunicación directa, inmediata y en tiempo real entre las partes.
La decisión representa un importante respaldo judicial a las investigaciones contra el crimen organizado y reafirma la validez de los mecanismos tecnológicos utilizados en los procesos penales complejos.
Fuente: Perla Silguero – periodista de judiciales, Radio 1000
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