El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Jazmín Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez condenó a la exfiscala de San Lorenzo, Ana Girala, a 7 años y 3 meses de prisión tras hallarla culpable de liderar un esquema de corrupción que operó desde la Unidad Fiscal N.º 1 de esa ciudad.
En la misma causa fueron condenadas su exasistente fiscal, Christi Magalí Ortega, a 4 años de cárcel, y la exsecretaria fiscal, Griselda Acha, a 6 años y 6 meses de prisión. Las tres fueron encontradas responsables de diversos hechos punibles, entre ellos cohecho pasivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión, prevaricato y otros delitos vinculados al ejercicio irregular de la función pública.
Durante la lectura de la sentencia, las magistradas afirmaron que las condenadas «utilizaron el Ministerio Público, una institución fundamental para el Estado y para los ciudadanos, para obtener ganancias económicas» y que «actuaron comercialmente», al convertir las actuaciones fiscales en una «moneda de cambio» para obtener beneficios indebidos.
Según el fallo, Ana Girala condicionaba la realización de actos propios de su cargo al pago de dinero u otros beneficios económicos. Para ello, recurría a amenazas de imputación, órdenes de detención, requerimientos de prisión preventiva o la retención de vehículos incautados, con el objetivo de presionar a los usuarios del sistema de justicia.
El Tribunal sostuvo que la exfiscala «vendía actos propios de la función pública», utilizando la persecución penal como un mecanismo de negociación para favorecer a determinadas personas a cambio de dinero, apartándose deliberadamente de la legalidad y de sus deberes funcionales.
Las juezas señalaron que Griselda Acha y Christi Magalí Ortega desempeñaban un papel clave dentro del esquema. Ambas mantenían contacto directo con usuarios de la Fiscalía, formulaban las exigencias económicas o transmitían las amenazas y, en el caso de Acha, también se encargaba de recibir y distribuir el dinero entre las integrantes del grupo, siguiendo instrucciones de Girala.
La investigación determinó además que los abogados Liz Martínez y Marco Velazco actuaban como intermediarios de confianza de la entonces fiscala. De acuerdo con el Tribunal, Girala instruía a sus colaboradoras para recurrir a ambos profesionales con el fin de canalizar las solicitudes de dinero dirigidas a imputados, denunciados, víctimas y familiares. En el caso de Velazco, también se comprobó que ofreció dinero a cambio de resoluciones favorables para un cliente.
Las magistradas concluyeron que el esquema funcionó de manera organizada y sistemática entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. Durante ese periodo, las funcionarias habrían solicitado dinero a cambio de formular imputaciones, modificar requerimientos fiscales, impulsar o frenar investigaciones, autorizar la entrega de vehículos retenidos e incluso evitar diligencias como allanamientos.
Asimismo, el Tribunal consideró acreditado que existía un acuerdo previo entre las tres funcionarias para obtener beneficios económicos mediante la comercialización de actos propios del Ministerio Público, ya fuera por su realización, omisión, demora o direccionamiento.
En cuanto a los demás acusados, el abogado Marco Velazco fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión como cómplice de cohecho pasivo agravado y coautor de soborno agravado. Por su parte, la abogada Liz Martínez recibió una pena de 3 años y 6 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo agravado, tentativa de extorsión y tráfico de influencias.
Fuente: El Observador
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