El Poder Legislativo incrementa la presión sobre la administración del Instituto de Previsión Social ante las constantes quejas de los asegurados por las deficiencias del servicio. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Alta formalizó la convocatoria a una reunión de trabajo al titular de la previsional, el doctor Isaías Ricardo Fretes, fijada para el próximo martes 28 de julio.
El encuentro parlamentario se desarrollará en el marco del análisis del proyecto de ley de emergencia sanitaria. De acuerdo con lo manifestado por el senador Éver Villalba, impulsor de la iniciativa de control, el objetivo del Congreso es realizar un seguimiento estricto a la gestión y lograr que los anuncios públicos realizados por Fretes sobre anomalías internas se traduzcan en acciones judiciales y administrativas reales. Los legisladores cuestionan que el titular del IPS realice frecuentes acusaciones a través de los medios de prensa, por lo que requerirán documentos que certifiquen si dichos casos ya derivaron en sumarios internos, destituciones o denuncias formales ante el Ministerio Público.
El eje prioritario de la convocatoria estará centrado en la alarmante falta de medicamentos de uso básico y de alta complejidad para pacientes con dolencias crónicas. Para dimensionar el impacto de la crisis de desabastecimiento, el senador Villalba expuso una preocupante inversión de la realidad hospitalaria paraguaya, señalando que actualmente un 30% de los pacientes que acuden a realizar consultas en las redes de hospitales públicos del Estado ya son aportantes asegurados del IPS que migran ante la falta de respuestas y beneficios en el sistema que financian mensualmente.
Además de la crisis en los consultorios, el presidente de la previsional —quien asumió el cargo en abril pasado en reemplazo de Jorge Brítez— deberá responder por múltiples focos de presunta corrupción y desorganización administrativa que él mismo denunció. Entre los temas agendados figuran sospechas de nepotismo, planillerismo, irregularidades en inversiones financieras y contrataciones de personal fuera de los márgenes legales.
Uno de los escándalos de corrupción más recientes que motivó el pedido de informes del Senado se refiere al extravío de 275 ampollas del antibiótico imipenem cilastatina, las cuales ostentaban el sello institucional del IPS y fueron entregadas de manera irregular sin contar con registros de pacientes que justificaran su prescripción. Dicha anomalía administrativa generó un perjuicio patrimonial directo estimado en unos 55 millones de guaraníes. La investigación de este faltante se inició luego de que agentes del Ministerio Público hallaran y decomisaran un lote de estos mismos medicamentos de uso exclusivo en el habitáculo de un automóvil particular en diciembre de 2025, donde presuntamente estaban listos para ser comercializados de forma clandestina.
Desde la Cámara de Senadores confirmaron que la intención es ampliar el alcance de este debate de contingencia sanitaria en las próximas jornadas. Para ello, se tiene previsto convocar de igual manera a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. Los parlamentarios manifestaron que el Senado se encuentra en la total disposición de respaldar políticamente las investigaciones aduaneras y judiciales necesarias, siempre que la presidencia del IPS provea los elementos de convicción suficientes para impulsar los debidos procesos ante la justicia.
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