Una reciente inspección en el inmueble ubicado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Asunción puso al descubierto un cuadro de deterioro considerable y la presunta destrucción de bienes públicos. La propiedad forma parte del patrimonio del Ministerio Público desde el año 2023 y debía ser entregada oficialmente en el marco de los planes de fortalecimiento institucional.
Durante la verificación de la infraestructura, se constató la desaparición de techos de zinc, tinglados pertenecientes a antiguos talleres, además de marcos y puertas de larga data. La situación generó malestar y cuestionamientos, debido a que el predio no se encontraba abandonado: el sector donde opera la ex imprenta policial —única área no afectada— se mantiene con presencia activa de personal de la Policía Nacional.
El deterioro de las instalaciones provocó críticas por el perjuicio ocasionado a los recursos del Estado paraguayo. Distintos sectores señalaron la necesidad de preservar las estructuras públicas y lamentaron que estas conductas dificulten el aprovechamiento de espacios destinados al funcionamiento de organismos de la República.
Por su parte, al interior de la misma institución policial se remarcó el rechazo mayoritario hacia este tipo de hechos, bajo la premisa de que los bienes estatales deben ser resguardados con independencia de la entidad que asuma su administración. La constancia de los daños se da tras los anuncios de autoridades gubernamentales sobre el traspaso del inmueble, abriendo el debate sobre la responsabilidad por el daño patrimonial detectado.
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